El Órgano Ejecutivo, a cargo del presidente Laurentino Nito Cortizo, aún no toma una decisión sobre el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.
La propuesta, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 15 de abril, fue avalada en consenso por los diputados, y aplaudida por dirigentes de los diferentes sectores del país.
El proyecto de ley 51 busca que haya un registro con información detallada de las personas mayores de edad que hayan sido condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, por los delitos contra la libertad e integridad sexual en sus diversas modalidades, tráfico de personas menores de edad y trata de personas con fines de explotación sexual, para que sirva de base de datos de consulta a los operadores de justicia y su cuerpo auxiliar, así como para la emisión de certificados de no agresor sexual.
Entre los datos que debe mantener este registro, que estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), está el nombre completo, apodo, nombre de los padres del agresor, lugar de nacimiento, fotografías del rostro, peso y altura, detalle de sus cicatrices, tatuajes o marcas corporales, huellas dactilares y perfil genético.
Recientemente, el Ejecutivo remitió a la Asamblea una iniciativa para modificar, entre otras cosas, la Ley 69 de 2007, que trata sobre el Certificado de Información de Antecedentes Personales, para que se incluya la información de sentencias condenatorias por delitos contra la integridad de menores y que establezcan como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios o profesiones que atiendan a personas menores de edad.
En base al artículo 169 de la Constitución, Cortizo tiene un mes para tomar una decisión sobre el proyecto.
