Moisés Bartlett, abogado que ha interpuesto una serie de recursos ante instancias administrativas y judiciales por posibles irregularidades en los negocios de Panamá NG Power S.A. con el Estado, fue denunciado penalmente por José Miguel Dapelo, representante legal de esa sociedad.
Dapelo, a través del abogado Ernesto Mora-Valentine, acusó a Bartlett por supuesta extorsión, a raíz de que -según la denuncia- ha desarrollado “acciones mediáticas jurídicas” en contra de NG Power, la imagen de la compañía y de sus directivos o accionistas, “sin ningún sentido y de forma sospechosa”. El documento añade, entre otras razones, que Bartlett “intensificó una campaña para aterrorizar a personas vinculadas a la financiación del proyecto”.
Consultado sobre el tema, Bartlett expresó que se trata de una denuncia penal “cargada de afirmaciones y de hechos absolutamente falsos”, que tienen como propósito intimidarlo para que suspenda las acciones “legítimas y públicas” que ha realizado ante el Ministerio Público, tribunales de justicia, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad del Canal, entre otras instituciones, durante seis años. Destacó que en la denuncia de Dapelo hay información que pone en riesgo la seguridad e integridad de su familia.
En junio pasado, en un acto en el que participó el presidente Laurentino Cortizo, se anunció que Panamá NG Power cedió los derechos a la sociedad Generadora de Gatún, para construir una planta de 670 megavatios en Colón y cumplir con el contrato de venta de energía.
En 2013, NG Power se adjudicó un contrato por 20 años para suplir 400 megavatios a las distribuidoras Edemet, Edechi y ENSA, durante los primeros cuatro años, y 550 megavatios en los siguientes 16 años. Nunca concretó su plan de financiamiento.
Generadora de Gatún está integrada por InterEnergy Group (51% de participación accionaria), el Estado (25%) y AES (24%).
Precisamente Bartlett, amparado en la Ley 6 de 2002 de Transparencia, pidió al secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, copias autenticadas e información de esta transacción, argumentando que “los panameños tenemos derecho a conocer las interioridades de la transacción y el pago que se haya realizado a favor de NG Power y sus accionistas”.