Cada vez estoy más convencido de que el Tribunal Electoral debe ser más beligerante en el tema de las campañas electorales. No me refiero a las que empiezan meses antes de las elecciones generales. Hablo de la que comienza el día después de que un diputado, alcalde o representante toma posesión del cargo. Esa campaña política tiene un claro y único donante: el Estado. Dudo de que estos funcionarios –cuyas únicas metas son enriquecerse y reelegirse– saquen de sus bolsillos el dinero para hacer campaña en los cinco años que dura su período.
Ya hasta lo dicen abiertamente, como el caradura del alcalde de Colón, Rolando Alexis Lee, que –sin pizca de vergüenza ni prudencia política– dijo que “los gastos de movilización se utilizan, porque aquí todo mundo camina en sus comunidades. Si no, no ganaran nuevamente y alcalde que no camina, representante que no camina, queda perdiendo en su corregimiento”.
Lo dijo en un presuntuoso intento de justificar los elevados gastos de movilización que reciben tanto él como numerosos políticos de baja jerarquía que acumulan hasta dos salarios y miles de dólares en gastos –incluidos los de movilización– para recibir más dinero, a pesar de contar con carros cuya gasolina y conductores pagan sus municipios.
Salvo mejor criterio, eso de “caminar” por las comunidades no es otra cosa que hacer campaña política, parte de cuyo costo es pagado con dinero público. Y si consideramos que el Código Electoral establece que los bienes y recursos del Estado no se deben usar en beneficio o contra candidatos o partidos políticos, aquí hay razones suficientes para proceder legalmente contra estas sanguijuelas. Pero, ni los magistrados ni la Fiscalía Electoral se dan por alulidos. Parece que su papel se reduce a dirigir elecciones.
Y aunque la Fiscalía Electoral tiene el papel protagónico de esta novela de pillos de cuello blanco, tenemos décadas sin ver acción. Los fiscales hace tiempo cambiaron sus escritorios por hamacas. Ser fiscal significa enfrentar el poder político, pero esta gente no solo vino al mundo sin un mísero miligramo de valor, sino que parece ser parte de la fábrica de botellas y garrafones del gobierno, porque no hacen nada para ganarse el salario, salvo justificar el latrocinio, por lo que ni moral tienen para estar en esos cargos.
La maleantería ha permeado hasta la sociedad. El mayor triunfo de los políticos es que sus electores le pregunten “qué hay pa’ mí”. Hace tiempo que las elecciones dejaron de ser un ejercicio democrático, y desde entonces son una operación comercial. Numerosos candidatos ya ni se esfuerzan por ganarse el voto... Ahora los compran... y con la plata del pobre infeliz que le hace la pregunta. Si el ciudadano pide y recibe algo a cambio de su voto, se convierte en parte del engranaje de la corrupción… y eso es música que pone a bailar al pandillero político… y sordera para la autoridad electoral.
