La Asamblea Nacional, contra todo pronóstico, aprobó unánimemente el proyecto de ley 514, una iniciativa ciudadana presentada por jóvenes de Aedusma, Generación sin Límites y Movin. Originalmente, solo contemplaba la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero en el segundo debate se introdujo la sanción de inhabilitación permanente para contratar con el Estado a quienes han estado involucrados en actos de corrupción, propuesta que hicimos desde la discusión de la ley de contrataciones.
Los acuerdos de colaboración son una herramienta que existe en nuestra legislación desde 1994 para combatir el narcotráfico. En casos de corrupción, contribuyen a desarticular el esquema delictivo, llegando hasta los funcionarios de más alto nivel y facilitando la recuperación de parte del dinero robado.
Si analizamos el acuerdo publicado recientemente de Constructora Meco, en el que la empresa colaboró brindando los detalles del esquema de corrupción en el que participaron y su caso fue archivado después de haber entregado información valiosa para procesar a los funcionarios que participaron, nos preguntamos si, al firmar este acuerdo y pagar la multa, la empresa no volvería a caer en casos de corrupción. ¿No tiene el Estado el derecho y el deber de protegerse de empresas y personas que participaron de actos de corrupción? ¿No estaríamos dejando la puerta abierta para que la empresa volviera a delinquir?
El inhabilitar a las empresas no significa que las mismas no hagan otras consideraciones para colaborar, la más importante sería el evitar la prisión y, hacia el futuro, es posible dictar una ley para permitir que las empresas sancionadas sean rehabilitadas para contratación pública, luego de demostrar que efectivamente han incorporado medidas y políticas en su gobierno corporativo, incluyendo controles internos que eviten que sean sujetos activos de sobornos o corrupción.
La lucha en contra de la corrupción no avanza con medidas tibias, toma sacrificio y acciones valientes. El presidente Juan Carlos Varela tiene en sus manos la oportunidad de honrar su plan de gobierno sancionando el proyecto de ley 514. Como dijo en su discurso en la Cumbre en Perú: “Panamá escogió su camino y no hay vuelta atrás. La sociedad exige y se le cumplirá, empresas y funcionarios que cometan actos de corrupción no podrán seguir contratando con el Gobierno o siendo parte de la vida pública”
La autora es miembro de Movin.