El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) estuvo en Panamá del 20 al 26 de agosto de 2017 para analizar el proceso de implementación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y para verificar si la situación carcelaria cumple con los estándares de derechos humanos.
A finales de diciembre, el organismo de las Naciones Unidas (ONU), que se encarga de velar a nivel internacional por la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones de las prisiones, entregó al Gobierno un informe detallado con las conclusiones y señalamientos y le instó a hacerlo público.
Sin embargo, más de dos meses después sigue siendo materia confidencial. “Si no se publica, hay una falta de transparencia. Nosotros recomendamos al Gobierno de Panamá que lo haga público, porque es un síntoma de democracia y buen funcionamiento”, explica en conversación con La Prensa Felipe Villavicencio Terrero, uno de los relatores de la ONU que formó parte de la delegación del SPT que visitó el país.
Además, afirma que hacer público el documento es la única manera que tiene la ONU para dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas y poder llevar a cabo las visitas técnicas posteriores. “Mientras lo mantengan así, secreto, es difícil que podamos hacer un buen seguimiento”, dijo.
Otros países de la región, como Bolivia y Brasil, divulgaron dicho informe sin dilación. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que Panamá ratificó en 2011 explicita que los expertos de la ONU mantengan confidenciales sus conclusiones si el Estado no conviene a divulgarlas.
En líneas generales y sin poder ahondar en detalles, Villavicencio ilustró que en Panamá hay una situación de “hacinamiento en las cárceles”, que, en algunos casos extremos, se ha salido del control de las autoridades estatales por problemas ligados a la “falta de autogobierno” y “corrupción”.
Sin poder identificar qué centros de detención son los que peores condiciones presentan, señaló que hay una “carencia de infraestructuras” y que en las prisiones de nueva creación que no están pobladas hay necesidad de “vigilantes penitenciarios”. Por otro lado, también remarcó otras problemáticas conectadas con la alimentación, la seguridad y el tratamiento médico de las prisiones. “Son características compartidas por casi toda América Latina, pero en el caso de Panamá son muy evidentes”, sentenció.
En cualquier caso, Villavicencio dejó claro que lo que más preocupa a los miembros del Subcomité en este momento es la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) independiente, efectivo y de acuerdo con los estándares internacionales.
Entre otros aspectos, el desarrollo práctico del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura implica la creación de un organismo nacional que se ocupe de vigilar la situación carcelaria.
“Panamá ha emitido la ley, pero hasta el momento no la ha implementado”, subrayó el experto de la ONU. “Sabemos que están en proceso de selección de un director, pero el proceso no está avanzando a la velocidad que ellos nos prometieron durante la visita”, agregó.
El Subcomité contra la Tortura tendrá su próxima reunión ordinaria en junio de este año. El Gobierno de Panamá tiene hasta entonces para responder a los señalamientos del organismo internacional.