Dos proyectos de ley aprobados la semana pasada en la Asamblea Nacional introducirían moratorias para suspender el pago de servicios públicos como energía, telefonía e internet, además de instar a la Superintendencia de Bancos de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a establecer procesos para flexibilizar y suspender obligaciones personales o comerciales y a suavizar la tasa de interés de los préstamos.
Con el marco legal vigente, los bancos ya están flexibilizando las condiciones de los préstamos.
La Asociación Bancaria de Panamá advirtió de que se trata de medidas intervencionistas: Otorgar estas facultades al regulador lo convertiría en coadministrador de las entidades que supervisa, “acabando con la esencial independencia que debe mantener”, señaló el gremio.
