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Separan del cargo a funcionaria de la Senniaf por maltrato a menor

Separan del cargo a funcionaria de la Senniaf por maltrato a menor
En marzo pasado, los fiscales de familia y anticorrupción hicieron una inspección en la Senniaf. Archivo

Una trabajadora social de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fue imputada ayer por la presunta comisión del delito de maltrato agravado en perjuicio de un menor de edad.

La jueza Tulia Morelos acogió la solicitud del fiscal superior de familia, Aurelio Vásquez, de imputarle cargos a Dorka Reyes, luego de que se le señalara como una de las personas que gestionó el traslado de un niño al centro de rehabilitación de adultos Vida Libre, en Las Garzas de Pacora, donde fue objeto de maltratos.

Reyes figura en la planilla de la Senniaf desde 2009 con el cargo de trabajadora social general IV, con un salario de $1,810.

La tesis de la fiscalía

El fiscal Aurelio Vásquez informó que durante la audiencia expusieron elementos de convicción sobre la participación de la funcionaria en el traslado del menor “a un sitio inadecuado”.

Vásquez también explicó que la jueza le impuso las siguientes medidas cautelares: notificación los 15 y 30 de cada mes, impedimento de salida del país, la separación de cargo y la prohibición de acercarse a cualquier dependencia de la Senniaf.

La medida de separación del cargo y de no aproximarse a las instalaciones de la Senniaf fue adoptada debido al riesgo de destrucción de pruebas, según explicó el fiscal.

Vásquez añadió que como trabajadora social Reyes tenía la obligación de prevenir cualquier posible riesgo para los menores.

La trabajadora social fue detenida luego de su comparecencia ante la fiscalía a raíz de que se le citara para que explicara su participación en el hecho. Fue así como se estableció que era la persona que determinaba el número de cupos en los albergues y que con su anuencia se llevó al menor al centro de rehabilitación Vida Libre, que atiende a narcoadictos.

La fiscalía pudo establecer que la imputada actuaba como enlace entre la Senniaf y los albergues.

El pasado martes, la fiscalía también imputó cargos a Michael Olson, quien fungió como coordinador jurídico de la Senniaf y en la actualidad presta servicios en la Gobernación de Panamá.

Según la investigación, Olson tuvo un grado de participación en el traslado de dos jóvenes al mencionado centro de rehabilitación, donde uno de ellos fue abusado sexualmente.

Por presuntos maltratos y abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en albergues bajo la tutela de la Senniaf el Ministerio Público sigue por lo menos 24 investigaciones, en las que se intenta determinar si además hubo peculado.


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