Detenciones arbitrarias, golpizas, represión y agresiones verbales son algunos de los componentes de la fórmula que emplea la dirección de la Policía Nacional (PN), a cargo de Jorge Miranda, para someter a grupos que en el último año han protestado por diversas circunstancias: reformas constitucionales, contra la corrupción, la estrategia contra la pandemia, el retiro del bono de $100 a los menores de 25 años y por la deuda externa de más de $7 mil millones que contrajo el gobierno de Laurentino Cortizo, sin que esa danza de millones se refleje en mejoras para la población.
El poder de la bota policial se ha consolidado en el actual gobierno por encima de los derechos ciudadanos. Lo alertan distintos sectores de la sociedad y organismos internacionales, que ponen sobre la mesa el debate por el alcance y hasta dónde deben llegar las atribuciones de los policías al momento de “llamar al orden”.
En vilo están las garantías fundamentales consagradas en la Constitución (Título III) y en disposiciones del derecho internacional.
Sobre el tema, Naciones Unidas ha dicho que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Mientras, buena parte de los $830.2 millones que tendrá el Ministerio de Seguridad Pública para 2021 se irá en los salarios de los policías de alto rango. En la estructura de los cuerpos de seguridad del Estado hay 244 comisionados y subcomisionados, con salarios por encima de los $4 mil 300 cada uno, pero además devengan gastos de representación y suman sobresueldos por antigüedad y por título.
Son los mismos que ordenan reprimir a la población, tanto así, que las acciones policiales de hoy reviven episodios que reposan en la mente colectiva: el pasado de dictadura militar del gobernante Partido Revolucionario Democrático.
En estas fotografías se registran escenas de cuatro hechos de las múltiples represiones: la reciente detención de 27 jóvenes en la plaza Cinco de Mayo; el arresto de Juan Cajar, periodista de La Estrella de Panamá, mientras ejercía su labor de reportero; el asedio policial a un pequeño grupo de protestantes en Calle 50, y la violenta jornada de detenciones a jóvenes manifestantes que en octubre de 2019 protestaron contra las reformas constitucionales.
