La Coalición Internacional de Mujeres y Familias (CIMUF) compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 19 de marzo. Samirah Armengol habló en representación de esta onegé feminista que vela por los derechos de la población LGBTI en Panamá. Fueron invitadas para plasmar la problemática panameña tras semanas de trabajo en el Consejo.
“Pedimos respetuosamente al gobierno panameño considerar la urgencia de revisar las políticas actuales en referencia a la protección de la vida y dignidad de las personas de la diversidad sexual”, fue parte de lo que manifestó Armengol durante una sesión virtual.
En su intervención Armengol detalló que Panamá acogió solo cuatro de las 18 recomendaciones hechas en materia de derechos humanos de personas LGBTI tras la evaluación.
Los principales puntos planteados por Armengol fueron la necesidad de crear una ley anti discriminación para las personas de diversidad sexual, la falta de respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia para el reconocimiento del matrimonio igualitario y la excesiva violencia por parte de los estamentos de seguridad contra la población trans en Panamá. Además, solicitan que se incluya en el próximo censo de población la variable de orientación sexual e identidad de género como pregunta.
Armengol manifestó que la cortesía de sala a CIMUF en representación de Panamá es una muestra de lo crítico de la situación en Panamá.
El estado panameño ha sido evaluado en temas de derechos humanos recientemente. De hecho, en noviembre de 2020, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, en compañía de la ahora canciller Erika Mouynes y la viceministra de Gobierno, Juana López, presentaron el informe del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo, el cual mide avances en materia de DD.HH. “El EPU nos permite resaltar todo el progreso que hemos tenido y también reconocer los desafíos que aún nos quedan por delante”, dijo Mouynes en aquella ocasión.
Armengol explicó que malas evaluaciones de este tipo podrían afectar la habilidad de Panamá de recibir fondos internacionales para proyectos sociales de distintos tipos, pues se le cuestiona al estado panameño.