Que se establecieran fechas de juicios para años como 2022 e, incluso, 2024, corrobora que el sistema Sistema Penal Acusatorio (SPA) se ha saturado, advierten abogados litigantes.
Así lo plantea, por ejemplo, Carlos Herrera Morán, quien precisó que si bien es cierto que con esta nueva modalidad de administración de justicia, al imputado que cumpla un año de prisión sin una decisión se le aplica una medida cautelar distinta a la detención preventiva, no hay que olvidar que al final se dilata la resolución definitiva del caso.
Mencionó que en un proceso tramitado en el SPA de Panamá Oeste se fijó fecha de juicio para 2024, lo cual no solo acarrea problemas para el imputado, sino para la propia administración de justicia.
Con tanto tiempo de por medio, los testigos pueden mudarse, arrepentirse o cambiar su declaración, sustentó.
Un ejemplo de procesos que se han dilatado es el que se le sigue a Oydén Ortega Collado, hijo del exmagistrado Oydén Ortega Durán, cuya juicio fue fijado para el 3 de enero de 2022.
Instalaciones pequeñas y falta de presupuesto
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, aseguró que debido al gran volumen de casos que llegan al Ministerio Público y luego al SPA, las actuales instalaciones se han quedado pequeñas. Además, hay un número limitado de funcionarios, lo que hace que todo sea más lento.
Explicó que cuando no se hacen revisiones ni adecuaciones oportunas y los usuarios de un sistema demandan más y mejor servicio, entonces inevitablemente habrá embotellamientos.
Sin embargo, reconoció que el sistema en un inicio funcionó de manera muy eficiente, pero el crecimiento de la demanda del servicio ha ocasionado rezago, especialmente en lo relativo a la celebración de los juicios, que es la parte final de todo proceso.
El SPA empezó a funcionar de manera progresiva en Panamá a partir del 2 de septiembre de 2011, tras la adopción del Código Procesal Penal en 2008.
Falta voluntad política
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, alegó que no hay voluntad política por parte de los gobiernos para dotar al sistema judicial de los recursos necesarios que permitan que los ciudadanos tengan un acceso igualitario a la justicia.
Alegó que los líderes políticos han fracasado en darle prioridad a la asignación de recursos al sistema de administración de justicia.
“Nada más hay que ir a las instalaciones del SPA para darse cuenta de lo que sucede allí: no hay salones para realizar las audiencias, los funcionarios están sin espacios adecuados y no hay un solo proyecto diseñado para la ampliación de estos servicios”, acotó.
Sostuvo que en estos momentos no hay una política pública definida para el mejoramiento de la justicia y prueba de ello son los recortes presupuestarios que, año tras año, sufren todas las instituciones ligadas al sistema judicial.
Todo ello, sustentó, muestra un desinterés por atender un tema tan vital para el país, pero que ha involucrado a diversos gobiernos.
Abogados no usan métodos de mediación
Por su parte, el exjuez Enrique Olmos estimó que los abogados y fiscales no tienen la formación para utilizar formas alternas de resolución de conflictos. Esto provoca que una gran cantidad de procesos, que pudieron resolverse por otras vías, terminen en manos de los jueces de garantías y de juicio.
Además, dijo, en el caso del Ministerio Público, toda querella o denuncia que llega allí se tramita. A su juicio, debiera existir una fiscalía de litigación temprana efectiva.
También reconoció que a raíz de la pandemia de la Covid-19, que empezó en marzo de este año, se postergaron muchas audiencias de fase intermedia, lo que a su vez obligó a posponer fechas de juicios orales.
Olmos considera, sin embargo, que el SPA ha rendido excelentes resultados, acortando los tiempos en la resolución de los procesos judiciales. Panamá, dijo, ha tenido éxito en la implementación de esta nueva modalidad en la justicia, “pero, como en todo sistema nuevo, existen cosas por mejorar”.
Al mismo, reconoció que existe una falta de preparación del abogado litigante para desarrollar todas las técnicas que el nuevo sistema conlleva, lo cual pudiera subsanarse con la actualización y formación permanente de estos profesionales del derecho.