LIAR LIAR. Puede que le ministra consejera de salud, Eyra Ruiz, no haya dicho lo que dijo que no dijo, pero lo que sí dijo es que “no tenemos hospitales colapsados, estamos preparándonos para tres escenarios, por eso ven los hospitales de campaña, que deseamos que no sean utilizados”... De ser así, entonces, ¿para qué se necesitan médicos extranjeros?, ¿por qué los pacientes deben esperar horas y hasta días por una cama?, ¿por qué las morgues ya no se dan abasto? Tal vez la ministra debería leer un poco más a Freud, así sabría que “uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla”.
EXCUSAS. A propósito, seguimos esperando información detallada sobre los fallecimientos por Covid-19 a pesar de que hace más de una semana los datos fueron pedidos públicamente por profesionales de la salud: comorbilidades, edad, tratamiento, etc. Ya hasta el Comité Nacional de Bioética ha dicho que esta información puede ser dada a conocer porque no afecta la confidencialidad de los pacientes. ¿Será que el Minsa no tiene esta información?
CONTRATO. Y, hablando del Minsa, han dicho que las vacunas fueron negociadas de forma directa con las distintas casas farmacéuticas, sin que hubiese intermediarios. Se ha conocido que al menos con Pfizer y AstraZeneca se obtuvieron condiciones favorables para el país en términos de precios.
LEGALIDAD. Si algo ha quedado claro es que el aparato de comunicación del Estado tiene grandes falencias, pero el equipo legal no se queda atrás. El enredo que han causado las normas publicadas a finales de 2020 es monumental. Ya han salido algunas aclaraciones, que, lejos de cumplir su propósito, enredan más. Un comunicado del Minsa dice que el decreto que permite establecer puestos para la realización de pruebas de Covid-19 para controlar la movilización en áreas de bajo índice de contagio, “no exime a las personas que viven en Panamá y Panamá Oeste para pasar el cerco sanitario”. ºPero eso no lo dice el decreto, ¿entonces? Ahora resulta que un comunicado puede modificar un decreto.