“Nosotras nunca tuvimos mascarillas. Nos las trajeron luego de que se dio el brote: nos dieron tres mascarillas desechables. De eso hace ya 10 días”. Esta es una de las quejas de las reclusas del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), centro penitenciario donde hasta ayer se registraban 91 casos de coronavirus.
A finales de la semana pasada y días después de que el Ministerio de Salud hiciera pruebas masivas de hisopado en esa cárcel, las privadas de libertad rompieron el silencio: denunciaron la falta de atención médica y las malas condiciones sanitarias del lugar.
Los videos en las redes sociales sobre las protestas en este centro penitenciario no tardaron en hacerse virales. Eso obligó a la Dirección del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno, a tomar medidas para evitar que el virus infectara a toda la población. En los videos, las encarceladas decían que no tenían los productos higiénicos para contrarrestar el virus.
“Si no hubiese sido por esas manifestaciones pacíficas, no nos hubiesen dado mascarilla”, dice Tania (el nombre fue cambiado a solicitud de la entrevistada), quien espera que hoy les entreguen los resultados de la prueba de la Covid-19 que les aplicaron el pasado jueves.
En el Cefere hay, al menos, 633 privadas de libertad.
Pero, ¿cómo llegó el virus que se descubrió en Wuhan, China, al Cefere? Dos detenidas que hablaron con La Prensa tienen su teoría: “el coronavirus entró por la cocina”, narra una. Coinciden en que el primer brote se dio entre las que trabajan en esa área. Después se contagiaron, al menos, cinco custodias, entre ellas, la jefa de seguridad del centro.
Antes de que se produjera el primer contagio en el Cefere, el 11 de abril, el Ministerio de Gobierno anunció que las privadas de ese centro estaban confeccionando mascarillas para los detenidos. Sin embargo, las dos detenidas que hablaron con este medio informan que esas mascarillas nunca fueron para ellas.
“Se las daban a los funcionarios del centro, a los policías, y para los recursos humanos de otras cárceles”, cuenta una.
Por eso dice que “nunca” tuvieron tapabocas. Las tres que les llevaron hace 10 días fue después de que se dio el primer caso.
Otra de las entrevistadas se pregunta: “¿cuál es el objetivo de poner nuestra vidas en riesgo, en carencia y en estrés? ¿Por qué Panamá no ha tomado las medidas para evacuar las cárceles con el brazalete electrónico y otras medidas?”.
“Somos personas que en un momento cometimos un error y estamos aquí pagando las consecuencias, pero eso no nos hace malas personas”, argumenta Tania, quien actúa como vocera de sus compañeras de celda. Ella está presa por delitos de estafa.
El presidente Laurentino Cortizo concedió rebaja de pena a 176 personas privadas de libertad de todos los centros penitenciarios del país. Hasta marzo pasado, la población penitenciaria era de 18 mil 179 personas .
Las detenidas aseguran que viven hacinadas, y en una infraestructura deteriorada por las filtraciones y aguas negras. Una de las prisioneras que dio positivo con Covid-19 narra que es asintomática, y que ya cumplió la mitad de su pena. Ahora espera que le cambien su condición carcelaria.
“Tengo miedo de no ver a mi familia de dificultárseme la enfermedad”, asegura.
Culpa al Estado de haberlas abandonado. Dice que las “marearon” con la promesa de las rebajas de pena para evitar la infección en el centro penitenciario. Agregó que las personas que aparecieron en la lista que avaló el Gobierno para rebaja de pena habían sido evacuadas de las cárceles antes de la pandemia.
Por su lado, el Sistema Penitenciario informó que las privadas de libertad que tienen coronavirus ya han sido aisladas y trasladadas al Centro de Cumplimiento de Menores y luego remitidas a un hotel hospital. Este medio conoció que, al menos, 37 presas de esta cárcel se encuentran en uno de los hoteles que preparó el Gobierno para atender casos positivos.
Mientras que el abogado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, manifiesta que le enviaron una nota a la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, en la que le mencionaron las medidas urgentes que pueden tomar para disminuir el hacinamiento carcelario: las rebajas de penas, libertades condicionales y depósitos domiciliarios. El abogado recuerda que dentro de las cárceles hay personas con enfermedades crónicas.
Durante el pasado periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional, la diputada suplente Ana Irene Delegado presentó una iniciativa legislativa que buscaba reducir el hacinamiento en las cárceles, pero dejaría en libertad a investigados por delitos de corrupción.
Por su parte, en la Defensoría del Pueblo dijeron que siguen con atención los casos para evitar que a las encarceladas se les violen sus derechos.