La rendición de cuentas y la transparencia son esenciales para mejorar los gobiernos en el manejo de la pandemia del coronavirus.
Esa fue una de las conclusiones del foro virtual “Transparencia y acceso a la información pública como herramienta indispensable para la recuperación”, que se realizó ayer con la participación de expertos nacionales e internacionales, organizado por la Fundación para le Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, en alianza con la Universidad Santa María La Antigua (USMA), gracias al auspicio del International Republican Institute (IRI) y con el apoyo de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional (TI), resaltó la importancia de demandar el acceso a la información, dada la enorme cantidad de dinero público que se maneja en medio de la pandemia.
“Así como se ha puesto en cuarentena a las personas, también se ha puesto en cuarentena el acceso a la información, cercenando un derecho que es básico y que es instrumental”, dijo.
Destacó que en los 112 países donde opera Transparencia Internacional se resalta la importancia del derecho de acceso a la información. “La crisis tiene diferentes facetas, porque el problema de salud va acompañado de una crisis económica increíble, laboral, institucional y una crisis que tiene que ver con el avance de la tecnología en su buen o mal uso”, agregó.
“En estas crisis se restringen algunos derechos fundamentales y este es el argumento que escuchamos en muchos países: una concentración marcada de poder, facultada por el Ejecutivo [...] esa concentración de poder va acompañada de varias tendencias autoritarias que son muy llamativas y peligrosas. En aras de esa concentración de poder, el argumento es ‘no voy a respetar derechos, porque eso pone en peligro la velocidad de la respuesta frente a la necesidad de la gente”, advirtió.
Sin embargo, destacó que ese tipo de argumentos olvidan que las restricciones, aunque en emergencia y frente a la urgencia, “no pueden ser ilimitadas”.
Por su parte, el director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Dante Negro, explicó que el acceso a la información pública se refiere a toda aquella información en manos de los “sujetos obligados”, es decir, toda autoridad pública y aquellas entidades que manejan fondos públicos.
A su juicio, es de suma importancia que exista un régimen de transparencia activa, para que se haga más expedito el esquema de publicación de la información.
“El acceso a la información pública es una herramienta para empoderar a sectores sociales que generalmente o históricamente han estado discriminados o no se han podido unir a las ventajas sociales, que son un Estado de derecho”, indicó.
Jairo Acuña Alfaro, del Equipo de Gobernabilidad y Paz para América Latina y el Caribe del PNUD, añadió que el hecho de que haya un estado de emergencia como el que se vive por la Covid-19 “no significa que no habrá acceso a la información” por parte de los gobiernos.
Acuña consideró que la pandemia del coronavirus ha provocado, sin duda, una crisis sanitaria, humanitaria y socioeconómica, pero también de gobernabilidad que, sin embargo, presenta una oportunidad sin precedentes para rectificar y hacer que las sociedades sean inclusivas, eficientes y con mayor resiliencia.
Opinó que frente a la “nueva normalidad”, los gobiernos deben estar preparados con estrategias de gobernabilidad y transparencia efectivas: forjar acuerdos entre actores políticos y sociales para prepararse; implementar respuestas inclusivas, transparentes y bajo un Estado de derecho y, por último, la recuperación que garantiza que las instituciones sigan funcionando.
“Nos llega la pandemia. Teníamos corrupción. Lamentablemente, ahora tenemos corrupción durante la pandemia. Duele, pero no es un elemento nuevo. Es parte de los incentivos negativos que tenemos en nuestras sociedades”, reflexionó.
Carlos Gasnell, expresidente ejecutivo de TI en Panamá y profesor de Derecho Administrativo de la USMA, precisó que regularmente la transparencia se entiende como el buen uso de los fondos públicos y, en ese sentido, consideró que es fundamental la correcta utilización de las normas sobre contrataciones públicas.
“Cuando se da la situación de emergencia, luego que se han dado los escándalos y situaciones cuestionables en la opinión pública, es que se corre a reglamentar [...] En vez de utilizar una contratación pública para ejecutar de manera correcta las políticas públicas, utilizando los principios de la contratación pública, lo que vimos fue un tremendo oportunismo: se utilizaron vacíos de la ley para contratar por debajo y llevar estos procesos de contratación al margen de la ley”, señaló.
Resaltó que en materia de “ayudas”, la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para generar la confianza ciudadana que tanto se ha pedido a través de los medios de comunicación. “En Panamá, por ejemplo, se creó el programa Panamá Solidario. Sería positivo que se publicara no solo el monto de las ayudas, lo que se está haciendo en la web, sino el listado de los beneficiarios. Este en un déficit en Panamá: no publicar quiénes son los beneficiarios para que la ciudadanía pueda hacer el cruce respectivo de la información y ver realmente si se está gastando lo que indica el gobierno que se utiliza para las ayudas”, dijo.