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Tribunal de Cuentas, sin resolver proceso patrimonial de Autopista Arraiján-La Chorrera

Tribunal de Cuentas, sin resolver proceso patrimonial de Autopista Arraiján-La Chorrera
El contrato para la construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera fue adjudicado a TCT en 2010. Elysée Fernández

El Tribunal de Cuentas aún no ha resuelto un recurso de reconsideración presentado por la Fiscalía de Cuentas contra la decisión que ordenó el cierre del proceso patrimonial seguido a la empresa Transcaribe Trading S.A. (TCT) por presuntas irregularidades en el diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera.

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Rechazan prescripción en caso de la autopista Arraiján-La Chorrera

La Fiscalía de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea, presentó el recurso de reconsideración contra la decisión del Tribunal de Cuentas contenida en el auto No. 364-2021 del 23 de septiembre pasado por el cual ordenó el cierre y archivo del proceso seguido a la empresa TCT por presunta lesión patrimonial en perjuicio del Estado en el proyecto de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera adjudicado el 17 de septiembre de 2010 a un costo inicial de 152.6 millones de dólares. Sin embargo, a través de varias adendas avaladas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) costo total sumó $161.8 millones.

La fiscal Hormechea presentó el recurso fundamentada en una ampliación de la auditoría de 2021 que reveló una lesión patrimonial por un monto de $2.6 millones.

Desde octubre pasado, el recurso de reconsideración fue enviado al Tribunal de Cuentas, integrado por Alberto Cigarruista, Álvaro Visuetti y Rainier Del Rosario, pero los magistrados aún no lo responden.

De acuerdo con el recurso no existe evidencia de que el daño patrimonial al Estado fuera resarcido por parte de TCT. Además, precisa que el MOP ha señalado que aún falta un 5% para la culminación de los trabajos.

La fiscalía también estima que está probada la existencia de una lesión contra el Estado, ya que a la fecha el citado proyecto no ha sido concluido y se requiere hacer algunas adecuaciones a las obras ya concluidas.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción solicitó llamar a juicio a siete personas, entre las que se encuentran el exministro de Obras Pública Federico José Pepe Suárez y la empresa TCT, cuyos representantes legales son los hermanos David y Daniel Ochy.


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