El Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del abogado Mauricio Cort contra la jueza undécima penal suplente, Vila Urieta, por no permitirle consignar una fianza de $5 millones como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, relacionados con el proyecto de remodelación del Casco Antiguo de Panamá, adjudicado en el quinquenio 2009-2014.
Cort alegaba que al no permitirle consignar la fianza, Urieta violó sus garantías. Sin embargo, en fallo del pasado 24 de junio de 2020, con ponencia del magistrado Carlos Raúl Trujillo, el Tribunal concluyó que la negativa de la jueza estuvo debidamente fundamentada.
El fallo señala que Urieta no admitió la consignación de la fianza a favor de Cort, ya que todo procedimiento dentro de ese expediente está suspendido a partir de la presentación de un incidente de acumulación por parte de la defensa del exministro de Obras Públicas José Federico Suárez –también investigado– ante el Juzgado Decimoquinto Penal.
La sentencia cita el artículo 247 del Código Judicial, que dice que cuando se resuelve una solicitud de acumulación “el juez al que se pide el proceso deberá enviarlo sin demora y poner el hecho en conocimiento de las partes. Por este procedimiento, quedará suspendido el curso de la causa y la competencia del tribunal hasta que se le devuelva el proceso”.
En este sentido, el fallo ordena que todos los cuadernillos y recursos que se encuentren en trámite ante el Juzgado Undécimo Penal quedarán suspendidos hasta que se resuelva el asunto de la competencia.
Puntualiza, en tal sentido, que la actuación de la jueza no violó ninguna garantía fundamental.
Cort permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, como parte de la investigación por presunto blanqueo de capitales y corrupción relacionada, como se dijo, con el contrato para el proyecto de remodelación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, adjudicado a Odebrecht.
También se le investiga por presunto blanqueo de capitales relacionado con la construcción del tramo II de Vía Brasil, adjudicado a la española FCC. De hecho, el abogado es mencionado por autoridades españolas como parte de una compleja red usada para el presunto pago de sobornos con miras a la obtención de contratos para la realización de obras públicas entre 2009 y 2014.
En 2018, firmó un acuerdo de colaboración y pena por el caso que se le siguió por los sobornos que pagó en Panamá Odebrecht.