El Primer Tribunal Superior no admitió –en fallo del pasado 2 de junio– un amparo de garantías constitucionales presentado por el Grupo La Fragata contra la orden de la Región Metropolitana de Salud de cerrar el restaurante homónimo, aplicada en marzo pasado por violaciones a las normas sanitarias impuestas por la pandemia de la Covid-19.
El fallo, con ponencia del magistrado Carlos Trujillo y el salvamento de voto de la magistrada Olga Rujano, precisa que el recurso –interpuesto por medio de Ghassan Almaaz Karmouchi, representante legal del grupo– no establece con claridad cómo la disposición ordenada por la Región Metropolitana de Salud afectó las garantías constitucionales del afectado.
Detalla que en este tipo de recursos es necesario desarrollar el concepto de la infracción de la garantía constitucional, como requisito para la admisibilidad del amparo.
Como consecuencia de las violaciones a las medidas de bioseguridad impuestas en el contexto de la crisis sanitaria, la Región Metropolitana de Salud también multó al restaurante La Fragata con 5 mil dólares. El cierre aplicado fue temporal.