La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a los tribunales federales impugnar una ley sobre el aborto de Texas muy restrictiva, sin llegar a suspender su aplicación.
La decisión elimina los obstáculos procesales que hasta ahora han impedido que los jueces de los tribunales federales bloqueen esta legislación estatal, a pesar de que viola la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La ley de Texas, vigente desde el 1 de septiembre, prohíbe a la mujeres de este estado conservador abortar después de las seis semanas de gestación, incluso en caso de incesto o violación.
La Corte Suprema reconoció en 1973, y confirmó en 1992, el derecho de las mujeres estadounidenses a tener un aborto mientras el feto no sea viable, es decir, alrededor de las 22 a 24 semanas de embarazo.
Pero la legislación texana presenta un dispositivo excepcional, que hasta ahora ha complicado la intervención de la justicia federal.
La ley de Texas encomienda a los ciudadanos “exclusivamente” la tarea de hacer cumplir la prohibición de abortar después de las seis semanas, alentándolos a emprender acciones civiles contra las personas y organizaciones que ayudan a las mujeres a interrumpir el embarazo, prometiéndoles a cambio una indemnización de 10 mil dólares.
Llamada a pronunciarse sobre el tema al entrar en vigor la ley, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se amparó detrás de estas “nuevas cuestiones de procedimiento” para negarse a intervenir.
Su inacción, vista como una señal de la influencia de los tres magistrados designados por el expresidente republicano Donald Trump, había sido fuertemente criticada por la izquierda. El presidente demócrata Joe Biden criticó una decisión que “insulta el Estado de derecho”.
Pero desde entonces se intensificó la batalla legal, obligando al máximo tribunal a tomar el caso.
Durante una audiencia el 1 de noviembre, los jueces de la Corte Suprema mostraron en su mayoría escepticismo sobre el mecanismo de la ley de Texas.
Finalmente, este viernes, ocho miembros de la Corte coinciden en que el principio que ampara la soberanía de los 50 estados “no impide los procesamientos en tribunales federales”, según su decisión, que solamente no apoyó el juez conservador Clarence Thomas.
El presidente de la Corte, John Roberts, y los tres magistrados progresistas, agregaron, en un texto aparte, desear que los tribunales bloqueen rápidamente esta ley, “dados sus efectos siniestros y persistentes”.
