Entre los temas ineludibles de las reformas electorales figuran el fuero penal electoral, el financiamiento público y la residencia electoral.
Así lo plantea Roberto Troncoso, coordinador del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, uno de los organismos convocados por el Tribunal Electoral (TE) para integrar, en enero próximo, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) 2020.
Según lo establece el Decreto N.º 42 del 2 de diciembre de 2019 la CNRE y en base al artículo 128 del Código Electoral esta comisión debe coadyuvar con el Tribunal Electoral en la elaboración del proyecto de ley de reformas electorales para las elecciones del 5 de mayo de 2024 (ver integrantes en tabla).
Los representantes de Foro, integrado por los trabajadores organizados, los empresarios, las academias y las organizaciones no gubernamentales, se reúne todos lo martes para analizar lo bueno y lo malo de las últimas elecciones generales y para proponer soluciones.
Troncoso señala que, aparte de financiamiento público, los fueros y la residencia electoral, otros temas que han generado inquietud o críticas tras las elecciones del pasado 5 de mayo de 2019 son la recolección de firmas de los candidatos independientes, el sistema de transmisión de resultados preliminares, las primarias, la veda electoral, la capacitación de los miembros de mesa y el papel de las encuestadoras y publicitarias.
En el caso del fuero electoral, Troncoso recuerda que en las pasadas elecciones hubo cerca de 180 mil personas con fueros penales electorales, lo que “dificulta la labor del Ministerio Público en la persecución del delito”.
En el caso del financiamiento, plantea que se requiere reformar el artículo del Código Electoral que plantea que para cada elección general se aprobará una partida equivalente al 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el gobierno central para el año anterior a las elecciones. La idea, según Troncoso, es reducir este porcentaje a la mitad.
Además, se planteará que todo el financiamiento electoral sea público y no mixto, como en la actualidad. El objetivo sería reducir las ventajas o disparidades que produce el dinero privado en la política.
También se propondrá la reforma del artículo 289 del Código que establece una garantía procesal para presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de los partidos políticos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces. Se propondrá su eliminación o restricción.