De acuerdo con Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, un gobierno abierto “... aboga por un aumento significativo de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, lo cual, a la luz de la pandemia de la Covid-19, es crucial para garantizar que los recursos destinados a la respuesta y recuperación se usen de manera eficiente y eficaz”.
La definición de Barcena es clave para entender lo que verdaderamente significa el hecho de que el gobierno de Panamá haya entregado el “IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto”. De las ocho prioridades establecidas en este documento, la única verdaderamente novedosa es la de políticas públicas en sexualidad. Las demás son llover sobre mojado.
El concepto de un gobierno abierto panameño es tan contradictorio como el de un talibán feminista. Si el gobierno de turno quisiera ser transparente no necesita un plan de acción para el 2023, sino hacer públicas todas las actas del Gabinete, así como los documentos pertinentes al presidente y vicepresidente de la República, que fueron declarados de acceso restringido por 10 años.
Tal vez pudieran hacer una verdadera rendición de cuentas del gasto en pandemia, y en el camino se podría compartir la auditoría de la Contraloría sobre Panamá Ports.
La caracterización que hace Bárcena de gobierno abierto no deja duda alguna de que lo que se necesita es cumplir con la Constitución Política y la Ley de Transparencia actualmente vigentes. Son muy raros los casos en los cuales las obligaciones internacionales de Panamá ya cuenten con un marco jurídico para cumplirlas.
El apellido “abierto” no se hereda, se consigue con las acciones cotidianas que respetan la letra y el espíritu de las normas que ya tenemos. Posponer ese cumplimiento demuestra que no hay intención verdadera de hacerlo.
