Entre enero y mayo de 2021, el Ministerio Público registró 2 mil 450 denuncias por delitos de violación y agresiones sexuales; 825 corresponden a niños, niñas y adolescentes.
El pasado 12 de julio, una niña de cinco años de edad fue violada y asesinada en Chiriquí. El caso pone sobre el debate la ausencia de políticas públicas integrales para proteger a la niñez.
En la Asamblea Nacional reposa un proyecto de ley sobre protección a niños, niñas y adolescentes, que fue presentado en medio del escándalo por los abusos detectados en los albergues bajo custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, pero la propuesta legislativa tiene pocos avances. Expertos aseguran que la educación sexual es clave.
El depredador y la niñez vulnerable
Una niña de 5 años de edad fue violada y asesinada en Chiriquí el pasado 12 de julio. El caso revivió el debate sobre la urgencia de políticas públicas para la protección de la niñez y certeza de castigo para delitos contra la integridad sexual.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público (MP), entre enero y mayo de 2021 se habían registrado 2 mil 450 delitos sexuales (incluyendo violación); 825 corresponden a menores de edad.
La niña de 5 años fue reportada como desaparecida la tarde del lunes 12 de julio, luego de que no regresara de la tienda cercana. El martes 13 de julio, su cuerpo fue encontrado por residentes del área, en Caldera, Boquete.
La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Chiriquí aprehendió a Óscar Garay Bonilla, como responsable del hecho. Le imputaron cargos por femicidio y violación sexual agravada en perjuicio de una menor de edad.
Ayer, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó que Garay fue hallado muerto en la celda en la que estaba en la cárcel de Chiriquí. “Se presume sea suicidio”, dijo la entidad.
En los seis primeros meses de 2021, el MP contabilizó nueve femicidios en el país. Una de las causales para catalogar la muerte violenta de una mujer como femicidio es la evidencia de violencia sexual a la víctima.
Diversos sectores de la población se mostraron consternados por el crimen de la niña y hacen un llamado a las autoridades para que trabajen en políticas que protejan a la niñez.
El Ministerio de Desarrollo Social asegura que la próxima semana se retomará el primer debate del proyecto de ley de protección al niño, niña y adolescentes, en la Asamblea. La iniciativa establece pautas sobre la participación que tendrán las instituciones en esta materia. El tema fue un eje clave durante la instalación de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.
Yuri Pitti, gerente de planificación de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), explicó a La Prensa que esta organización, la cual busca expandir el acceso de la población a salud sexual y reproductiva, considera que los hechos que sucedieron en Chiriquí tienen “varias variantes”. Resalta que el género de la víctima es importante, pues se trata de agresión sexual. En cuanto a las medidas necesarias para frenar este tipo de casos y tratar con el problema de la violencia sexual, especialmente a menores, Pitti resalta la necesidad de la educación sexual integral.
Explicó que educar en sexualidad desde una temprana edad no solo permite a las víctimas identificar situaciones de peligro y saber que tienen que hablar de ellas, sino que también da herramientas a los potenciales agresores para identificar “prácticas sexuales anormales” y tratarlas a tiempo.
Este caso en particular también ha resultado en iniciativas para aumentar las penas por violación a menores y los esfuerzos legislativos por crear un registro único de agresores sexuales.
La diputada de Cambio Democrático, Fátima Agrazal, presentó un proyecto de ley que busca implementar la “castración química” como una posible condena en el Código Penal. El Instituto Nacional de la Mujer ha manifestado su apoyo a este proyecto de ley. Así lo dio a conocer su directora Nelly Herrera, en TVN . “Tenemos que hablar de la realidad de lo que sigue pasando todos los días… Violadas por personas cercanas a ellas”, dijo. Aseguró que apoyan la propuesta, pues “es una medida para poder atender la represión en estos casos”.
La “castración química”, explicó Pitti, es un proceso químico que reduce la función eréctil de la persona, por lo cual el deseo sexual disminuye. Aunque la apoya, Herrera reconoce que esto no resuelve la raíz del problema. “Estos ataques tienen un trasfondo de misoginia, no de deseo sexual”, planteó y agregó que políticas públicas reduccionistas no serán suficiente para solucionar los problemas ni disminuir las cifras.
