Acceso a servicios básicos, igualdad de oportunidades y mejoras en infraestructura son algunos de los temas recurrentes en los 187 acuerdos alcanzados por las comisiones nacionales del llamado Pacto del Bicentenario. El presidente Laurentino Cortizo anunció el pasado 30 de noviembre, durante el evento de entrega del acuerdo final, la creación de una comisión “de alto nivel” para dar seguimiento a lo acordado.
De los 187 acuerdos, 26 abordan temas de salud y otros 26 tratan asuntos agropecuarios. Otras áreas temáticas con un alto número de acuerdos son: infraestructura, cultura e inclusión, con 25 cada una.
Los acuerdos nacionales -una de las etapas finales del también llamado diálogo Cerrando Brechas- nacieron como propuestas ciudadanas planteadas dentro de la plataforma del pacto (agora.gob.pa) y analizadas en diferentes comisiones.
Temáticas como agua (con 10 acuerdos) y educación (11 acuerdos), evidencian carencias básicas expresadas por los ciudadanos, como falta de agua potable, mala infraestructura escolar y poca disponibilidad de internet. Igualmente, inequidad en el acceso al sistema educativo, particularmente en zonas rurales o comarcas.
El resumen
Los detalles de los acuerdos fueron publicados en la plataforma digital del Pacto del Bicentenario, en un resumen de 61 páginas. Cada acuerdo, resumido en un párrafo, cuenta con el código para verificar qué propuestas iniciales se utilizaron de insumos para su redacción. Se le pone un título al acuerdo, se detalla la “brecha” identificada -es decir, el problema- y se propone un “lineamiento de política pública”.
Se plantea, sin embargo, que con esto no finaliza el Pacto, pues este “continúa su marcha hacia el momento de la acción pública”.
En días posteriores a la publicación del resumen, voces ciudadanas han cuestionado el contenido del Pacto, pues consideran que se trata de problemas ya identificados y que, incluso, pudieron ser parte del plan de gobierno que llevó al poder en 2019 a la alianza del Partido Revolucionario Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista.
Cortizo, que contrató al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que coordinara el diálogo en noviembre de 2020, ha dicho que durante su gestión se harán vinculantes “algunos acuerdos del Pacto” -los cuales no ha precisado- y otros quedarán para los gobiernos siguientes.
La mayoría de los acuerdos implican, además de dinero, voluntad política para su ejecución por parte del Ejecutivo y del Legislativo.
Acceso al agua
De los 10 acuerdos sobre el agua alcanzados, unos siete corresponden al subtema de acceso al agua potable. Se plantea, por ejemplo, la creación de la Autoridad Nacional de los Recursos Hídricos, la cual estaría acompañada de un cambio constitucional para constituir los recursos hídricos como patrimonio inalienable de la nación. En el documento también se identifica como una brecha que las comarcas del país “son las áreas de mayor falta de acceso a agua potable”. Como solución o “lineamiento de política pública”, se plantea asignar recursos al Ministerio de Salud para agua potable y hacer campañas sobre “la cultura del agua”.
Otras soluciones que se plantean en la temática del agua son la modernización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y un plan maestro para mejorar el sistema de acueductos en todo el país.
Educación desigual
En materia de educación, particularmente en el subtema de sistema educativo, se habla de una falta de coherencia en las políticas que afectan el desarrollo profesional de los educadores.
Se propone una ley de carrera docente y que las contrataciones sean “con criterios de transparencia y de objetividad, por medio del uso de herramientas técnicas y científicas”.
En educación se lograron 11 acuerdos: cuatro tienen que ver con el sistema educativo, tres con infraestructura, tres más con acceso a internet y uno con el apoyo a estudiantes. Se identifican problemas con la infraestructura, los equipamientos educativos y con el acceso a medios digitales.
Sobre el Estado
En relación a las instituciones, las propuestas coinciden con los reclamos de diferentes grupos de la sociedad civil que lideran la lucha contra la corrupción y trabajan en pro de la democracia. La comisión que abordó el tema del Estado llegó a un total de 10 acuerdos: tres tienen que ver con institucionalidad, tres con seguridad, dos con reforma al Estado y dos más con transparencia.
Los acuerdos de esa comisión apuntan al fortalecimiento de la institucionalidad pública y la modernización del Estado para una mejor provisión de servicios, especialmente en temas de seguridad.
En el diagnóstico del problema se señala que no existe una auténtica división entre los órganos del poder público y que las leyes no se cumplen ni se hacen cumplir. Se plantea una “reforma constitucional que fortalezca la institucionalidad democrática del país”, así como una ley de administración pública que establezca normas, reglas y principios.
Agrega que “el marco constitucional actual no responde a las expectativas”. En ese sentido, se habla de la necesidad de una “reforma constitucional”, mas no se detalla cuál sería la vía conveniente.
En transparencia y seguridad se tocan temas como instaurar un “plan nacional de formación sobre ética pública y transparencia” y la revisión de leyes que rigen los estamentos de seguridad, sus cargos de dirección y recursos humanos.
