Si se hace correctamente la aprobación de una ley de extinción de dominio en Panamá no debe despertar temores sobre la posible afectación de la presunción de inocencia ni de los derechos de las personas.
Así lo advirtieron la fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea y el magistrado de la Cámara Primera de lo Penal y Suplente de la Sala Constitucional de El Salvador, Ramón García, durante un reciente conversatorio sobre el tema organizado por el Colegio Nacional de Abogados.
Hormecha señaló que con una ley que involucre la participación de un fiscal y un juez los ciudadanos pueden hacer uso de su derecho a defensa y al debido proceso.
La funcionaria dijo que que la Constitución de Panamá es la base para una legislación de este tipo, lo cual significa que los derechos a la defensa y las demás garantías están salvaguardadas.
“No podemos hablar nosotros de presunción de inocencia en extinción de dominio porque los bienes no van a ser responsables de nada” dijo, por su parte, García, quien recordó que en su país se aplica una ley similar desde 2014. El fiscal debe demostrar que los bienes se obtuvieron de manera ilegítima y el proceso se somete a control de un juez, explicó.
Desde el pasado 2 de febrero se creó una subcomisión legislativa, presidida por el diputado Roberto Ábrego, junto a los colegas Juan Diego Vásquez y Corina Cano, discute los pro y los contra del proyecto de Ley 625, “que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos”, el cual fue presentado en abril de 2021 ante la Asamblea Nacional por el ministro de Seguridad, Juan Pino.
Pino asegura que esta sería una herramienta vital en materia de seguridad, ya que se golpearía el músculo financiero de las organizaciones criminales.
