Después de 14 años, por primera vez un proyecto de ley relacionado con la educación sexual logró aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional, lo que representa un primer paso en el tema, ya que luego de diversas reuniones se consensuó un documento con 15 artículos.
Se trata del proyecto de ley 657 que busca establecer el Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad, con el fin de disminuir los embarazos precoces y no planificados; prevenir infecciones de transmisión sexual; así como educar, identificar y prevenir sobre los delitos contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes y las acciones que se deben tomar al identificarlo.
El proyecto de ley que aún debe ser sancionado por el presidente de la República, indica en su artículo 2 que este programa “deberá ser implementado en todos los centros educativos oficiales y particulares, albergues, juntas comunales, centros de salud, casa hogar, y centros de atención, centros de custodia y cumplimiento para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley”.
También en su artículo 5 menciona que “el Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y Afectividad será estrictamente científico, sin dejar de lado la importancia del fortalecimiento de la autoestima, desarrollo de habilidades y el equilibrio afectivo-emocional.
Asimismo, este programa deberá sustentarse en elevados valores éticos, inspirados en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas; en el amor a la familia y en la responsabilidad, el compromiso y la sensibilidad ante las necesidades educativas especiales”.
Además, destaca que el programa complementará el contenido del currículo general y se deberá evaluar el aprendizaje de los estudiantes para mejorarlo, al tiempo que los resultados de la evaluación individual podrán ser considerados para puntos de apreciación.
El Ministerio de Educación (Meduca) será la entidad encargada de implementar este programa por medio de clases, talleres, cursos, charlas o demás iniciativas, y el personal docente —con el apoyo del personal capacitado por el Ministerio de Salud (Minsa) — aplicará el programa, que deberá ocupar como mínimo 40 horas durante todo el período que comprende la educación básica general y educación media (esto es parte de la reglamentación). Ambos ministerios adecuarán el contenido del programa de acuerdo con el grado de madurez, etapa de desarrollo y edad cronológica de los estudiantes, detalla el artículo 7.
Un aspecto importante es que los centros educativos tanto oficiales como particulares deberán notificar a los acudientes sobre los temas a tratar en cada clase, taller, curso, charla o iniciativa del programa.
Con esta normativa se quiere dar fuerza de ley a la enseñanza de la educación sexual, materializada hoy en el país, en lo que se conoce como las Guías de Sexualidad y Afectividad; y dar un paso más allá al incluir la prevención de los delitos sexuales.
La historia detrás del proyecto de ley
El proyecto de ley aprobado el pasado 5 de abril llegó a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el 4 de agosto de 2021, de manos del diputado independiente Gabriel Silva, uno de los proponentes.
Posteriormente, el 17 de agosto se creó una subcomisión para que elaborara un informe que incluyera consultas, estudios y análisis del proyecto. La subcomisión fue integrada por la diputada de Cambio Democrático Ana Giselle Rosas (presidente), la diputada del partido Molirena Corina Cano y Gabriel Silva (comisionados).
Dicha subcomisión realizó tres reuniones en donde participaron representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Instituto Nacional de la Mujer, Caja de Seguro Social, Avanzada Juvenil, Alianza Panameña por la Vida y la Familia, Iniciativa Ciudadana por la Familia y el Colegio Nacional de Abogados, Alianza por la Niñez y Adolescencia, Aplafa, Probisida, Aid for Aids, entre otras.
Antecedentes: Proyecto de ley 657
4 de agosto de 2021: la iniciativa legislativa es prohijada en la Asamblea Nacional.
29 de marzo de 2022: aprobado en primer debate.
4 de abril de 2022: aprobado en segundo debate.
5 de abril de 2022: aprobado en tercer debate.
Los proponentes de la iniciativa son los diputados independientes Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez.
Gabriel Silva, uno de los diputados proponentes, detalló que este proyecto de ley es similar a la propuesta 590 (presentada en marzo de 2021) que buscaba establecer el Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales, presentado inicialmente en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, pero por recomendaciones de los asesores técnicos realizaron algunos cambios y se presentó a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.
Añadió que es un tema que debió ser aprobado hace cinco, diez años, pero por lo menos hoy pueden estar orgullosos de que esta Asamblea está dando un paso hacia adelante, ya que, apuntó, no hay alguien en Panamá que no pueda reconocer que hay un problema grave.
Los últimos datos del Minsa indican que en 2020 ingresaron a control 9 mil 724 embarazadas de entre 10 y 19 años de edad, mientras que en 2019 fueron 9 mil 28. La cifra no incluye a las que ingresaron a la CSS.
Un primer paso hacia la educación sexual
La jefa nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Geneva González, manifestó que este proyecto aprobado en tercer debate está acorde con la realidad, pero sobre todo que es viable su aplicación en algunos de los roles que describe, y agrupa a los ministerios que de manera aislada han estado trabajando en el tema.
Añadió que un equipo del Minsa conformado para la revisión y aportes de las sesiones de salud sexual y reproductiva, niñez y adolescencia participó de las discusiones y reuniones que se dieron sobre el tema.
María Olimpia De Obaldía, presidenta de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, indicó que participaron en el debate del proyecto, el cual se adapta a las guías de educación sexual del Meduca.
Además, recordó que cuando se presentó el proyecto de ley 590, el Meduca aún no había presentado las guías. Tampoco se había aprobado el sistema de protección integral de niñez y adolescencia, dijo.
Consideró la aprobación de este proyecto de ley como un gran paso, pero dijo estar convencida de que si la familia, la escuela y la sociedad, especialmente los medios de comunicación no caminan en la misma dirección, será difícil lograr los objetivos que se persiguen.
Rubiela Sánchez, miembro de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, manifestó que este proyecto de ley busca cerrar una brecha que por muchos años no ha sido atendida, y que las consecuencias de postergar esta decisión son evidentes en la población adolescente de este país que enfrenta una realidad en salud sexual y reproductiva con mucho desconocimiento porque el Estado ha dado largas al tema.
Sostuvo que espera que una vez sea aprobado en su reglamentación se ofrezcan detalles, por ejemplo, el proceso de actuación de los acudientes cuando una niña sale embarazada producto de un delito, que no tenga que dar a luz teniendo el país la opción de interrumpir el embarazo; así como dónde acudir en caso de acoso, de abuso o violencia contra la mujer.
Subrayó que este proyecto responde a una realidad que se está dando producto de que seguimos teniendo una educación alejada de contenidos curriculares basados en derechos humanos, en donde prima quedar bien con grupos eclesiásticos y no en atender las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Se puede percatar —alegó— que siguen satanizando el concepto género.
Aunque la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad no participó de la discusión, Sánchez en lo personal aplaudió la intención de la Asamblea Nacional de llevar adelante este proyecto de ley.
La propuesta del diputado Silva se sumó a otros tres intentos anteriores sobre educación sexual para la prevención de embarazos en menores, prevención de infecciones y delitos sexuales.
La primera iniciativa presentada a la Asamblea Nacional llegó en marzo de 2008 de manos de la exministra de Salud Rosario Turner, y no prosperó. Luego, en septiembre de 2010, la diputada de Cambio Democrático Marylín Vallarino presentó el proyecto de ley 305, y en agosto de 2014 el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames presentó el proyecto de ley 61, pero las discusiones de ambos fueron suspendidas.
El proyecto de ley de 61 causó que miembros de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia marcharan en julio en 2016 contra de la iniciativa, así como en rechazo de las guías de educación sexual, por considerar que se introducía la ideología de género. Solo logró aprobación en primer debate.
