El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó una ley que busca cambiar la visión tradicional que se tiene de la naturaleza como objeto para explotar y satisfacer las necesidades humanas a sujeto de derechos que se deben proteger.
La Ley 287 del 24 de febrero de 2022 publicada en la Gaceta Oficial 29484-A, propuesta por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, reconoce los llamados derechos de la naturaleza y las obligaciones del Estado en relación a estos, tal y como se hace, por ejemplo, con corporaciones o personas jurídicas. Esto implicaría que cualquier persona, en nombre del nuevo ente jurídico, demande protección o restauración.
Según su proponente, el concepto de derechos de la naturaleza ha sido desarrollado en diversas jurisdicciones, mediante leyes y fallos judiciales que reconocen la naturaleza como un sujeto con derechos inalienables en varios niveles de gobierno en todo el mundo, incluidos Ecuador, Bolivia, Colombia, India, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos (California).
La nueva legislación, que consta de 18 artículos y requiere de la reglamentación del Ejecutivo, entrará a regir un año después de su promulgación. Es decir, en febrero de 2023.
En su artículo 10 se enumeran los seis derechos mínimos, los cuales se extienden a todos los seres vivos, elementos y ecosistemas de la naturaleza. Estos son: derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales; a la diversidad de la vida, de los seres y elementos que la componen; a la preservación de los ciclos vitales del agua; a la preservación de los ciclos del aire; a la restauración oportuna y efectiva de los ecosistemas afectados por actividades humanas, y a la existencia libre de contaminación.
El Estado, a su vez, a través de sus instituciones, reconoce que debe asegurar políticas públicas en favor de estos derechos, así como desarrollar políticas energéticas a favor de las energías alternativas limpias y renovables.
