De acuerdo con la ONG Article 19, Colombia es el país de América Latina en el que los periodistas, líderes sociales y defensores de la libertad de expresión sufren más acoso judicial de parte de empresas poderosas, políticos influyentes y otros intereses.
Esta organización señala que entre 2018 y 2020 por lo menos 81 personas fueron acosadas judicialmente. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el número de casos de acoso judicial fue de 140 durante el mismo periodo.
El pasado 20 de julio, la FLIP y la ONG El Veinte consiguieron que el congreso colombiano recibiera un proyecto de norma jurídica “por el cual se introducen disposiciones anti-SLAPP en el ordenamiento jurídico colombiano y se modifica el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004, con el fin de erradicar el acoso judicial o litigioso para cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación”.
Esta iniciativa es auspiciada, dentro del parlamento colombiano, por el senador Rodrigo Lara Restrepo.
La Prensa contactó a Emmanuel Vargas Penago, codirector de El Veinte, para que explicara en detalle la iniciativa.
Vargas Penago es abogado y periodista de la Universidad de Los Andes, con una maestría en derecho de la información de la Universidad de Ámsterdam. Ha sido consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en temas de libertad de expresión y ha coordinado proyectos en esta materia con la FLIP.
¿Qué es El Veinte y para qué se constituyó?
El Veinte es una organización no gubernamental colombiana registrada oficialmente desde el 3 de mayo de 2020. El Veinte nace como iniciativa para estudiar, entender y erradicar el acoso judicial o litigioso contra personas que participan en el debate público, como periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales. Nuestras principales líneas de trabajo son el impulso de trabajo pro bono como forma de aportar al acceso a la justicia por parte de estas personas, el litigio estratégico y la reflexión académica.
¿Cómo se financia El Veinte?
Principalmente, a través de proyectos de cooperación y contratos de consultoría sobre temas relacionados con su misión.
¿Qué es el acoso judicial de periodistas y defensores de derechos humanos?
El acoso judicial o litigioso es, básicamente, el uso abusivo del sistema judicial para silenciar el debate público. Este tiene cuatro elementos identificados por El Veinte: la judicialización de conflictos de libertad de expresión; que a primera vista se puede considerar que es una causa judicial infundada, sin pruebas o sin argumentos y con pocas posibilidades de prosperar; que existe una desigualdad entre las partes, lo que normalmente se ve cuando una empresa poderosa o un político de alto rango inician acciones contra un periodista o un defensor que realiza su trabajo; y que busca silenciar un asunto de interés público.
¿Cómo se manifiesta el acoso judicial de periodistas en Colombia?
Las personas que recurren a esta técnica de silenciamiento suelen acudir a una o varias de las vías legales existentes en Colombia. Están las denuncias penales, principalmente por delitos como injuria o calumnia; las demandas civiles, que buscan indemnizaciones astronómicas; y las acciones de tutelas encaminadas a la eliminación de contenidos o retractaciones. En la mayoría de los casos, las personas demandadas ganan los procesos sin ningún problema, porque existen protecciones fuertes a la libertad de expresión en el derecho colombiano. Por otro lado, el costo de la defensa, tanto en términos económicos como emocionales y de reputación, entre otros, se vuelve una carga desmedida para las personas que son víctimas de este tipo de acoso.
Este es un problema que ha incrementado notablemente en Colombia en los últimos años. Como ilustración se puede tener las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que dicen que entre 2018 y 2020 hubo registro de 140 casos de este tipo en el país.
Hay especialmente un aumento de casos civiles, que suelen tener amplias dificultades para la defensa de las personas demandadas. Esto sucede principalmente porque el derecho civil suele estar sumergido en debates técnicos propios que no suelen considerar las garantías amplias de la libertad de expresión, como sí sucede en los procesos penales o de tutela. Además, este tipo de procesos tienen aspectos procesales que pueden tener un carácter especialmente intimidatorio, como el embargo de bienes.
¿Cómo surgió la idea de hacer una ley contra el acoso judicial?
La idea de hacer una ley surge de la necesidad de resolver una tensión: por un lado, la gente tiene un derecho de acceder en la justicia; por el otro, este acceso a la justicia no puede ser abusivo y, especialmente, no puede volverse un obstáculo para el debate público. La forma en que esto ha sido resuelto en otros países, especialmente Estados Unidos, Canadá y Australia, es a través de la creación de normas que permitan la terminación anticipada de los procesos judiciales cuando existan razones que permitan indicar al juez que lo que sucede es un acoso judicial. La idea de promover esta ley es la de incorporar esta buena práctica a nivel comparado para contribuir a que existan mejores condiciones para el ejercicio de derechos.
¿Puede usted describir el contenido de la iniciativa de ley?
Este proyecto se centra en: uno, establecer una definición legal del acoso judicial en línea con lo que El Veinte ha establecido. Dos, establecer la facultad de los jueces para terminar procesos civiles o penales de manera anticipada cuando se evidencie a primera vista que se trata de un acoso. Y tres, establecer medidas de capacitación a jueces sobre estos temas.
¿Acaso esta ley no crearía un privilegio para los periodistas?
No. Esta ley lo que busca proteger principalmente es el ejercicio de la libertad de expresión en asuntos de interés público. Esto es algo que hacen muchas personas, como los periodistas, pero también defensores de derechos humanos y otras personas de la sociedad civil.
De convertirse en ley esta iniciativa, ¿qué pasaría con los casos de calumnia e injuria?
Los delitos de injuria y calumnia seguirían existiendo. Esta norma lo que busca es que su uso no sea abusivo con el fin de limitar el debate público.
¿Qué viabilidad política tiene esta iniciativa legal dentro del Congreso colombiano?
El principal promotor del proyecto de ley en el Congreso es el senador Rodrigo Lara. Él ha mostrado mucho interés en la iniciativa y en su radicación, y ha liderado la recolección de apoyos. El proyecto ha tenido apoyo de varios congresistas, pero es difícil saber qué tanta viabilidad tiene en este momento, porque las dinámicas del Congreso y de la política en Colombia son bien volátiles.
¿Cuáles son las próximas iniciativas de El Veinte en materia de libertad de expresión?
El Veinte va a continuar trabajando en el crecimiento de su red pro bono para poder brindar más apoyo a más periodistas, medios y usuarios de redes sociales. Además, El Veinte seguirá trabajando en el litigio estratégico con relación a algunas normas que restringen la libertad de expresión y con relación a casos específicos que pueden establecer precedentes importantes.
