Al menos mil 500 personas afectadas por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilenglicol no han podido ejercer acciones legales a su favor ni recibir atención médica adecuada debido a que no se les ha certificado como víctimas.
Así lo denunció Aminta Quintero, vocera del grupo de víctimas independientes del dietilenglicol, quien afirmó que cientos de estas personas están en condiciones graves y, como se dijo, no reciben los tratamientos médicos que deberían.
Destacó que, además, las víctimas no pueden demandar al Estado ni solicitar una compensación económica por daños y perjuicios.
Relató que en algunos casos, los historiales clínicos de las víctimas se han extraviado, y a otros se les exigió la devolución de los frascos con las medicinas contaminadas, y ahora no tienen forma de probar que estos medicamentos les fueron recetados.
Dijo que han sostenido reuniones con la viceministra de Salud, Ivette Berrío, para establecer un mecanismo que les permita conseguir la certificación a, por lo menos, 323 víctimas que están en la fase final de este proceso.
Otros dos grupos de víctimas sí han podido presentar acciones legales contra el Estado. Uno es el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida –representado por la firma Carreira Pitti PC–, que interpuso 421 demandas, y exige $168.3 millones en indemnización; y el otro –bajo la representación legal de Víctor Orobio– que presentó 417 demandas por $1,125 millones.
