Opinión. El argumento central de la advertencia de inconstitucionalidad es que la restricción del matrimonio, únicamente a parejas de diferentes sexos, viola los artículos 4, 19 y 56 de la Constitución. El contenido del artículo 4 obliga a Panamá a acatar las normas de derecho internacional, incluyendo las de derechos humanos. Por su parte, el artículo 19 enuncia el principio de no discriminación, y el artículo 56 establece el principio general de protección constitucional de la familia y el matrimonio en Panamá.
En su vista, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, afirma que el orden jurídico obliga a los particulares a cumplir las normas generales y que por su comportamiento individual no se puede cambiar la normativa legal vigente en el país. En la opinión de la procuradora no hay fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos para reconocer el matrimonio igualitario. Adicionalmente, se descarta el argumento de discriminación porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La recomendación de la procuradora es para que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declare como constitucionales las normas impugnadas.
El análisis jurídico hecho por la procuradora Porcell fue sumamente elemental. La discusión sobre los derechos humanos y la no discriminación llevan hacia un callejón sin salida, ya que imponen una visión muy restrictiva de lo que es discriminación. Tampoco hubo una discusión profunda sobre el artículo 56 de la Constitución, ni se justifica por qué el matrimonio igualitario atenta contra el orden público.
El documento de la Procuraduría no presenta argumentos de peso para rechazar el matrimonio igualitario y remite a la voluntad del pueblo, representada por los diputados, cualquier cambio normativo que sirva para autorizar el matrimonio igualitario. Esta afirmación desconoce las actuaciones de las cortes supremas de países como Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, las cuales rompieron las cadenas de la discriminación.