En abril de 2005, la organización Attac-España le pidió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que estudiara cómo negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales, como medida contra el fraude fiscal, pero obtuvo silencio por respuesta.
Durante algún tiempo, parecía que los paraísos fiscales eran intocables. Pero ahora se ha visto que se puede actuar contra ellos, con éxito, como ha hecho Attac-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas, cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa con relación con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y entidades u organismos públicos no puedan contratar empresa alguna de la que haya sospecha fundada de relación con paraísos fiscales.
Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla que solo existen sobre el papel para facilitar el fraude fiscal. También, puede presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean públicamente señalados como tales y sancionados.
No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal, sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la agencia tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país. También, se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla, e investigar bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.
El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, Estados Unidos o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde el país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.
Zucman reconoce que aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones, mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren, de verdad, en luchar contra el fraude fiscal.