El más que justificado procedimiento de infracción que la Comisión Europea ha abierto a Hungría por la aprobación, el pasado 4 de abril, de una ley de educación superior que en la práctica es un descarado intento de clausura de un centro de estudios –la Universidad Centroeuropea– constata la degradación democrática en un país que ha pasado la mayor parte del siglo XX bajo un régimen totalitario. Una pérdida de valores de libertad y proyecto europeo común que tiene un claro responsable: el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Como muy bien denunció en el Parlamento Europeo –y en presencia del propio Orbán– el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, Hungría no puede tratar de imponer una legislación contraria a los principios fundacionales de Europa, y a continuación acudir a Bruselas reclamando las ventajas –sobre todo financieras y de comercio– que le otorga su estatus de miembro de pleno derecho de la Unión Europea (UE).
La Universidad Centroeuropea –entidad fundada por el multimillonario y filántropo estadounidense de origen húngaro George Soros y considerada por Orbán “una universidad extranjera”– está presidida por el canadiense Michael Ignatieff, cuenta con estudiantes de 117 nacionalidades y en sus 25 años de funcionamiento se ha convertido en un centro de referencia internacional por la calidad y rigor de su pensamiento crítico, algo que Orbán desprecia tanto como teme. Según Bruselas, con su ataque a la Universidad Centroeuropea, Orbán viola cuatro principios de la UE: libertad de establecimiento, de educación, de libertad de cátedra y de prestación de servicios. Pero lo grave es que se trata de la punta del iceberg de un vasto proyecto para la creación en Hungría de un Estado al que su primer ministro califica cínica y eufemísticamente de “iliberal”. Orbán, quien desde hace tiempo muestra un desprecio absoluto por las normas europeas –el pasado octubre convocó un referéndum contra la admisión de refugiados que culminó en un fracaso clamoroso al no alcanzarse la participación mínima necesaria para validarlo–, prepara una ley contra las oenegés.
Como buen populista, el mandatario húngaro enarbola constantemente la teoría conspiratoria del enemigo exterior para justificar los varapalos que desde Bruselas recibe su manera de entender la democracia. Apelar a que la UE no entiende “la manera húngara de hacer política”, resultaría infantil si no fuera un peligroso desafío a las normas básicas democráticas de la Unión en un momento en el que abundan las voces contra el proyecto fundado hace 60 años.
Ante esta situación, cabe preguntarse qué espera el Partido Popular Europeo (PPE) –en cuyas filas figura el PP español– para expulsar de sus filas a la Unión Cívica Húngara, la formación de Orbán. Resulta cuando menos chocante la presencia en la bancada del PPE del Parlamento Europeo de eurodiputados que defienden de forma abierta y ostentosa planteamientos racistas y antieuropeístas. Su lugar natural en la Eurocámara está con aquellos grupos presentes que hacen gala de sus planteamientos eurófobos. Si el PPE y sus dirigentes creen de verdad en los valores de una sociedad abierta deberían mostrarlo con toda contundencia.