Nada es tan eficaz en política como el éxito, y su mejor medida son los resultados de las políticas que un Gobierno aplica. La que se pondera con mayor precisión es la política económica, pues esta se traduce en los indicadores de confianza, inversión privada, empleo, consumo y crecimiento. Más allá de antipatías o reservas morales, un ejemplo ilustrativo se dio en el primer quinquenio del gobierno de Fujimori, cuando se aplicó el shock, se aprobó el régimen económico de la Constitución vigente y se liquidó a "Sendero Luminoso" y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru). El ejemplo opuesto es el calvario de este gobierno, víctima de la política y las encuestas, convertidas en los peores enemigos de la recuperación económica que todos esperábamos por la sólida formación del presidente y de buena parte de los ministros que lo acompañan.
Pensamos que las coincidencias programáticas de PPK y Fuerza Popular asegurarían una beneficiosa confluencia. Pero no anticipamos que la lógica y el sentido común no priman sobre la certeza más destructiva de los políticos: creer que la oposición —en cualquiera de sus alambicadas expresiones— es el único camino hacia el poder. Este nefasto dogma se alimenta mensualmente de las cuatro encuestas importantes que contratan los principales diarios y que concentran la atención pública por varios días. Todas coinciden en que buena parte de los encuestados no están siquiera enterados del tema de las preguntas; y no es aventurado suponer que la mayoría de quienes responden tienen un conocimiento mínimo sobre lo que opinan. No obstante, las encuestas pesan y son el sustento de los análisis acumulativamente negativos. Por ese innegable efecto —o defecto, más bien— se puede asumir que las encuestas son un estímulo perverso para que los poderes públicos adopten políticas o medidas populistas con miras a revertir los resultados adversos.
Asumiendo que PPK quiere apaciguar al aplastante bloque opositor y que FP (Fuerza Popular) comprende que gobernar es más difícil que ganar elecciones, la única salida para ambos es conversar y seguir conversando. Si el último diálogo fue por iniciativa de Keiko Fujimori, ahora le toca al presidente. No debería esperar que la relación empeore con la interpelación y eventual censura de la ministra Martens, o que "Sendero" —con o sin la careta del Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales)— fomente otro paro o cometa otra atrocidad, aprovechando la ineficiencia de los servicios de inteligencia (que deberían ser profesionalmente modernizados para que adviertan los peligros que amenazan por todas partes).
Un tema de conversación obligatorio es el de los mecanismos de control político del Congreso, con el que FP se defiende cada vez que es imputada de obstruccionismo, además de recordar las oportunidades importantes en que ha cooperado con el Ejecutivo. Cuando plantean interpelaciones el Gobierno responde que es un derecho parlamentario propio de la democracia. Si lo que se busca es informarse y debatir, los ministros pueden ser invitados al pleno o a las comisiones (artículo 84), o interrogados en la Estación de Preguntas (Art. 85 con sus ocho incisos). ¿Acaso no son alternativas adecuadas para ahorrar el tiempo que se pierde en el circo de las interminables interpelaciones que solo se explican por el objetivo de censurar o de desprestigiar al gabinete?
El Ejecutivo y el Congreso comparten la responsabilidad de salir del entrampamiento que sofoca al país. El diálogo sistemático es el único camino para lograr una convivencia política constructiva para la nación. La iniciativa está en manos del presidente.