Julio luce las experiencias de toda una vida en el blanco de su pelo, sin perder la sonrisa hace cuentas con su calculadora. Son las 6:00 p.m. y se prepara para la inauguración de un nuevo restaurante. En su cabeza ronda la noticia: por primera vez un gobierno en España ha abusado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y las arcas para las pensiones están vacías.
“Robin Hood” es una iniciativa de Mensajeros de la Paz, una organización social humanitaria. Un restaurante normal en una de las calles del centro de Madrid, pero a partir de las 7:00 p.m. se transforma para que personas sin recursos puedan disfrutar de un plato caliente y recibir un trato amable.
Las comidas servidas durante el día pagan las cenas de la noche. El mismo menú para todos, aquí no se hacen diferencias.
Ayudas sociales retiradas, sistemas de copago o compañías que cortan suministros energéticos a familias que no pueden hacer frente a los gastos. Muchas personas han fallecido sin recibir las ayudas que les correspondían por culpa de una ley de dependencia paralizada. Son los resultados de iniciativas que calcularon mal las consecuencias.
Los partidos políticos utilizan las pensiones como moneda electoral, intentan manejar a una población cada vez más envejecida que depende de la administración pública. Quienes algún día se convertirán en pensionistas dirigen la mirada al futuro, tendrán que adaptar su economía personal, en el mejor de los casos, a prestaciones mucho más bajas que las previstas.
Una señal para el sector privado de la incapacidad del sistema público para hacerse cargo. Es parte de la retórica empleada durante años para cuestionar las bases del estado de bienestar, explica Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Para ellos es mejor un mundo en el que la sanidad universal, la protección por desempleo o los servicios sociales sean bienes públicos limitados. “Nunca les ha importado demasiado que hayamos aprendido que el mercado no los produce mejor que el Estado”, destaca Gómez.
Un problema estructural que no se soluciona solo con la privatización, con impuestos ni con la creación de empleo temporal y sueldos precarios. Las pensiones no son un regalo para las personas mayores, sino el resultado de su esfuerzo para financiar durante años al Estado. Ninguna persona debería pagar por sus propios derechos.