La decisión de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobando el presupuesto que el gobierno había presentado ante la Asamblea Nacional (AN) y esta había rechazado, no solamente implica un golpe de Estado: nos enseña el camino que el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido tomar. La Constitución es preclara cuando indica que es la Asamblea la que debe aprobar el presupuesto. Pero además, es una cuestión de sentido común. La Asamblea, a través de sus comisiones, está preparada para analizar cuándo los gastos son necesarios o no lo son.
Es parte de la división de poderes que en toda democracia existe, que sea el poder legislativo el que apruebe la distribución de entradas y salidas de los recursos del país. Por algo se llama “Ley de Presupuesto”. El Tribunal Supremo no está ni capacitado ni autorizado para esta función. Quien hace las leyes es la Asamblea. Si en algo tan preciso, como es el presupuesto, el gobierno de Maduro se salta la ley a la torera, en otros temas hará lo mismo. Que nadie en su sano juicio piense que el revocatorio será aprobado en el lapso requerido para sacar del poder al chavismo. No lo hará. Es demasiado lo que se juega.
Fuera del poder, los chavistas no podrán frenar la reacción de un pueblo enardecido que ha sufrido asesinatos, prisiones, abusos de toda clase. Que se ha visto burlado por el gobierno con todo desparpajo. Que ha visto familiares morir por falta de medicinas, que ha visto languidecer a niños por falta de alimentación, que ha visto morir familiares a manos de un “hamponato” que en nada se distingue del gobierno y sus maneras de proceder. Pero, además, esos chavistas se enfrentarán a tribunales no controlados por ellos que, en Venezuela o fuera de ella, los harán pagar por los delitos que descaradamente cometieron. Delitos contra los derechos humanos, delitos de corrupción y narcotráfico que no prescriben en el tiempo y que pueden ser sancionados internacionalmente.
La Asamblea debe oponerse. Y lo debe hacer con los instrumentos que la Constitución le ha dado y de manera que le sea imposible reaccionar al gobierno. La Asamblea Nacional debe, por ejemplo, declarar inválidos los créditos que el gobierno de Maduro solicite. Pues, legalmente, Venezuela no se vería obligada a pagar esas deudas sin la aprobación de la Asamblea. Y debe hacer saber claramente –a los bancos y gobiernos– que cualquier préstamo que no sea aprobado por la Asamblea no será reconocido y, por tanto, no será pagado. Los bancos y los gobiernos entienden esto perfectamente, saben que este régimen no será eterno y que cuando intenten cobrar esos créditos o los intereses, Venezuela no estará obligada a pagarles y, por lo tanto, no podrán cobrarlos nunca porque ningún tribunal los protegerá.
Pero la Asamblea Nacional puede hacer más. Puede destituir a los magistrados que fueron ilegítimamente nombrados por la pasada AN sin cubrir los plazos ni los requisitos. Esto hará que cualquier fallo judicial tomado por este Tribunal y por aquellos jueces que han sido nombrados por él, no tendrá validez. Quizás ahora esto no parezca importante, pero en un futuro cualquier fallo será inválido. Esa falta de credibilidad real que tendrá el sistema judicial venezolano ahogará a Nicolás Maduro y a sus secuaces, que no estarán protegidos ante ninguna decisión que haya sido tomada por estos tribunales.
La situación no es para protestar solamente, es para actuar. Y la pelea es peleando.