La Oficina Anticorrupción inició el pasado viernes una investigación contra un funcionario de la Presidencia argentina que habría ocultado una cuenta de 1.2 millones de dólares en Andorra.
El implicado es el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, quien según una investigación del diario El País de España ocultó el dinero en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2012 y 2014. La Oficina Anticorrupción advirtió de que según la ley de ética pública los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos tres años.
Díaz Gilligan, quien asumió en 2015 su cargo en la presidencia, admitió que no declaró la cuenta ante el fisco porque los fondos no eran suyos sino de la empresa británica de intermediación de futbolistas Line Action.
La cuenta en Andorra estaba a nombre de la compañía, de la cual el funcionario figuraba como accionista hasta 2014. “No obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en Argentina”, explicó en declaraciones a la agencia estatal Télam.
En su descargo al diario El País, el subsecretario indicó que había aceptado que su nombre figurara en la cuenta a pedido de su “amigo” uruguayo Francisco Paco Casal, reconocido representante de jugadores, debido a una causa judicial en su país por problemas con el fisco que le impedían aparecer como titular de la firma. Andorra -antiguo paraíso fiscal- eliminó el secreto bancario en 2017.
La Oficina Anticorrupción adelantó que requerirá aclaraciones al funcionario y que solicitará información a la Banca Privada d’Andorra (BPA), entre otras medidas.
El secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis, dijo en rueda de prensa que “está tranquilo con las explicaciones” que dio su subalterno. “No tiene ninguna empresa off-shore ni nada que se le parezca, sino que asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras y esta es una de ellas”, agregó.
No es la primera vez que un miembro del Gobierno argentino debe dar explicaciones como titular de cuentas en los denominados paraísos fiscales. El propio mandatario fue objeto de una investigación judicial por supuesto lavado de dinero luego de que filtraciones de documentos en Panamá lo señalaran como titular de una firma de ultramar.