Para 9 de cada 10 españoles la corrupción es un problema extendido según el último informe de la Comisión Europea. Se estima que desde que la llegada de la democracia a España en 1978 la corrupción se ha llevado cerca de 8 mil millones de dólares. Lo que supondría el presupuesto de Educación para tres años o el presupuesto de Sanidad para dos.
España ocupa el puesto 41 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, encabezado por Dinamarca y Nueva Zelanda. Cerca de 2 mil causas abiertas, más de 500 imputados, poco más de una veintena de condenados y más de 17 mil cargos públicos que no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios.
En plena lucha contra la corrupción hemos comprobado cómo la “personalidad” y “reputación internacional” eximieron de cumplir a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, una condena de un año por prevaricación. También vimos cómo Nigel Farage, máximo representante del brexit, y François Fillon, candidato a la presidencia francesa, contrataron a sus exmujeres como asesores con dinero público. La corrupción no es problema de unos pocos o de determinados países.
El artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos afirma que toda persona está sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Para asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática.
En palabras de Kofi Annan, “los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en ellos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida”. Así entendía el premio Nobel de la Paz unos derechos fundamentales en el funcionamiento de cualquier sociedad.
La corrupción es un paso atrás en cuestión de derechos humanos, supone poner los asuntos públicos en favor de los particulares, denunciaba Noam Chomsky. Es una lacra para el desarrollo, un lastre en la lucha contra la pobreza y un fraude para las personas.
La corrupción es la deslegitimación de los representantes de la ciudadanía y la ausencia de voluntad política. Sin ciudadanía no hay democracia. Se puede prevenir con organismos y leyes concretas. Las organizaciones de la sociedad civil son un eslabón más de la cadena. Presionan, exigen y desconfían porque hace ya tiempo que los casos aislados se cuentan por millares. Integridad, honestidad y respeto son valores pasados de moda que no tienen cabida en una filosofía basada en “tanto tengo, tanto valgo”. Chomsky aseguraba que “si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Pero si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas”.