Las grandes ciudades de Estados Unidos con más inmigrantes indocumentados y el gobierno federal del país entraron definitivamente el pasado martes en trayectoria de choque. Un duelo por la política de inmigración, que seguramente acabará judicializado, se hizo inevitable cuando el fiscal general, Jeff Sessions, amenazó en Washington a las llamadas ciudades santuario con retirarles fondos federales, si sus fuerzas del orden no colaboran con la policía de inmigración en la detención de indocumentados.
La reacción desde California fue instantánea. El presidente del Senado, Kevin de León, calificó las declaraciones de Sessions de “chantaje”. “Están equivocados sobre los inmigrantes y sobre la forma de hacer más seguras nuestras comunidades. Los datos muestran que los condados santuario no solo son más seguros que los no santuario, sino que además están mejor económicamente”. De León promueve en el Legislativo californiano una ley que aplicaría las políticas de santuario a todo el estado, donde se calcula que vive una cuarta parte de todos los indocumentados (11 millones) del país.
El término ciudad santuario es un concepto difuso que cambia de una ciudad a otra. Básicamente, significa que una ciudad no dedica sus recursos de seguridad pública (las competencias de seguridad en Estados Unidos (EU) son, sobre todo, de la policía local) para ayudar a la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) a buscar y detener inmigrantes. Las razones profundas para esta política es que es fundamental para el trabajo policial tener la confianza de los ciudadanos, y si cientos de miles de personas dejan de colaborar con la policía por miedo a ser deportadas, toda la ciudad sufre las consecuencias.
Las administraciones locales y regionales que tienen esta política aseguran que cumplen estrictamente con la ley federal, ya que entregan a cualquier detenido siempre que haya una orden judicial. Lo que es ilegal, desde su punto de vista, es obligarles a ejercer una competencia federal como la defensa de las leyes de inmigración. Además, hay precedentes constitucionales que dicen que el gobierno federal no puede condicionar la transferencia de fondos a los estados a una determinada política, como sucedió con la reforma sanitaria de Obama.
La semana pasada, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, se reunió con comunidades latinas de la ciudad y firmó una directiva municipal para garantizar que ningún funcionario de la ciudad proporciona información a ICE. El jefe de policía de Los Ángeles, donde se calcula que viven más de 800 mil sin papeles, advirtió de que han empezado a notar un descenso significativo en las denuncias de crímenes violentos por parte de latinos y apuntó como causa al estado de miedo que está creando la retórica de la Casa Blanca.
Ante la amenaza de Sessions, Garcetti respondió que “los valores de Los Ángeles no están en venta. Existen protecciones constitucionales en defensa de las acciones punitivas y contraproducentes como las que propuso hoy (por el martes) el fiscal general Sessions. Nuestras políticas están diseñadas para mantener seguros a nuestros residentes. Un recorte radical de fondos para nuestros equipos de primera respuesta, para nuestros puertos y el aeropuerto, para combatir el terrorismo y el crimen, y para fortalecer nuestras comunidades”.
Los Ángeles es una de las 34 ciudades y condados que se han sumado a la denuncia del condado de Santa Clara contra la orden ejecutiva de Trump en la que se basa la amenaza de retirar fondos federales. El caso se está viendo en una corte federal del norte de California y los demandantes piden una paralización de la orden, como ocurrió con el veto migratorio. Entre las ciudades que se han sumado están Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Seattle (Washington) o Portland (Oregon). Donald Trump no ganó en ninguna población de más de un millón de habitantes.
El alcalde de Seattle, Ed Murray, publicó un comunicado conjunto con el fiscal de la ciudad, Pete Holmes, contra el anuncio del fiscal general. “Estoy dispuesto a arriesgar hasta el último céntimo de fondos federales mara mantener nuestro compromiso de defender a todos en nuestra comunidad”.
La agresividad del gobierno Trump contra los indocumentados está despertando una ola de solidaridad. Hace dos semanas, Malibú, una de las ciudades más ricas del país y con más del 90% de población blanca, se declaró oficialmente ciudad santuario.