El 4 de diciembre de 2014, poco antes de la Navidad, una lluvia de agroquímicos cayó sobre la maestra Mariela Leiva y cinco niños que estaban en la escuela rural de Colonia Santa Anita, un pequeño pueblo argentino enclavado en la provincia de Entre Ríos.
Pocos minutos después de aquella “lluvia”, Leiva y los chicos sintieron mareos, vómitos, dolores de estómago e irritación en las mucosas: el plaguicida lanzado desde corta distancia sobre el campo de arroz pegado a la escuela número 44 comenzaba a hacer su efecto.
A finales de la semana pasada, casi tres años después del hecho, comenzó un inédito juicio en la justicia de Entre Ríos, al este de Argentina, por lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.
Los acusados son Bernardo Rodríguez, el titular de la empresa fumigadora; José Mario Honecker, el dueño del campo; y César Martín Visconti, piloto de la aeronave. Leiva contó que Honecker fue alumno de la misma escuela que resultó fumigada: “Es increíble el grado de impunidad con el que se maneja”, dijo.
Fue el gremio de los maestros el que impulsó la iniciativa a través de la campaña "Paren de Fumigar las Escuelas", que busca echar luz sobre la problemática de las fumigaciones en los campos agrícolas argentinos y sus efectos sobre la salud humana y el ambiente.
Leiva es una de las testigos que declaró en el juicio oral que tiene lugar en los tribunales de Concepción del Uruguay, unos 300 km al norte de Buenos Aires. "Los maestros de Entre Ríos luchamos por la salud y por la vida. Queremos que dejen de fumigarnos", señaló a la AFP. Dijo sentirse "rara" tras el inicio del juicio ya que "parecía que yo era la culpable y el productor la víctima".
La maestra indicó que el día de la fumigación sobre la escuela no se cumplió ninguna de las regulaciones que existen a la hora de aplicar agroquímicos con aspersiones aéreas. "No se respetaron los 100 metros de seguridad, no avisaron con antelación de la fumigación, y no había ingeniero agrónomo supervisando la actividad", rememoró.
Por su parte, desde las organizaciones que agrupan a los productores defendieron al empresario agrícola para expresar su "preocupación" por el proceso judicial. Los productores agrícolas subrayaron que "es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas.