La abogada de la familia de un argelino muerto en una prisión española utilizada como centro de retención de migrantes criticó el viernes pasado “la celeridad” con la que la justicia archivó el caso concluyendo que fue un suicidio.
Fiscales argelinos abrieron su propia investigación sobre la controvertida muerte de Mohamed Bouderbala, de 36 años, al que encontraron ahorcado el 29 de diciembre en su celda de la prisión de Archidona, en el sur de España.
El uso de esta cárcel como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde los migrantes son retenidos mientras se resuelve su petición de asilo, causó polémica en España, país regularmente acusado por las oenegés de vulnerar los derechos de los migrantes.
Según los abogados y un grupo de activistas, los extranjeros son retenidos en sus celdas por la noche, a pesar de que deberían poder desplazarse libremente por el centro, y están vigilados por policías antidisturbios.
El Ministerio del Interior no respondió a las múltiples solicitudes de la AFP. Bouderbala estuvo solo en su celda durante 18 horas antes de que se encontrara su cadáver, según un documento judicial y la abogada de la familia, Amanda Romero.
La autopsia reveló, según la Policía, que “se ahorcó con una sábana”, pero su hermano Ahmed, que estaba en contacto cotidiano con él, no cree esta versión.
En su auto consultado por la AFP, el juez escribe que ninguna persona entró en la celda de Bouderbala, según las imágenes de las cámaras de seguridad. Esto excluye la presencia de testigos o de otras personas que pudieran estar implicadas en su muerte, según el magistrado.
“No deja de ser sorprendente la celeridad con la que el juez instructor ha acordado el archivo de la causa”, estima Romero. Además, asegura que al menos dos testigos “pueden contradecir las [versiones] oficiales”, sin dar más detalles. Según la abogada, el tribunal no interrogó a ningún testigo y se basóúnicamente en las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia y el informe policial.
Y aunque las pruebas concluyen que se suicidó, “eso no significa que no existan responsabilidades penales, porque hablamos de una persona que estaba privada de libertad y bajo custodia policial”, esgrime.
España fue en 2017 la tercera puerta de entrada de migrantes a Europa, con casi 27 mil llegados por tierra y por mar.