El secretario de Seguridad Interior, John Kelly, reveló este miércoles que el Gobierno estadounidense ha descartado implementar una política de separación de los menores que, junto a sus padres, cruzan ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos.
A principios de marzo, el secretario dijo que estaba considerando ese cambio con el objetivo de desalentar la inmigración irregular y como parte de la política de mano dura migratoria de la administración de Donald Trump. El Partido Demócrata y organizaciones sociales alertaron de que la separación podría vulnerar derechos humanos y propiciar traumas psicológicos duraderos.
En una comparecencia en el Senado, Kelly explicó que la separación no sería rutinaria y que solo tendría lugar si “la situación en el momento lo requiere” y “la vida del niño estuviera en peligro”, por ejemplo, si una madre estuviera enferma o fuera adicta a drogas.
Sin embargo, preguntado por una legisladora, dijo que esa es una orden “verbal” y declinó crear un protocolo que precise en qué casos sí podría tener lugar la desunión de padres e hijos.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró a la agencia Reuters que el cambio de criterio es fruto del descenso drástico del número de indocumentados que cruzan de México a Estados Unidos. La policía fronteriza estadounidense detuvo en marzo pasado a 16 mil 600 sin papeles, lo que supone la cifra más baja en 17 años, según explicó Kelly en el Senado.
La caída también afecta a las familias con niños. En marzo se arrestó a mil 100 familias y a unos mil menores no acompañados, muy por debajo de los cerca de 16 mil y 7 mil, respectivamente, en diciembre.
Actualmente, padres e hijos pasan juntos un máximo de tres semanas bajo custodia de las autoridades y se les permite quedarse en Estados Unidos hasta que se resuelva el caso de su entrada ilegal.
La justicia estadounidense declaró el pasado julio que los niños deberían ser liberados lo antes posible, pero no obligaba a que los padres también lo fueran.
Para cumplir con ese fallo, el gobierno de Barack Obama estableció que los padres e hijos no podían pasar más de 21 días en un centro de detención migratoria.