La semana pasada se publicó el acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar a cabo, durante los próximos tres meses, un intercambio constructivo a raíz del informe que Luis Almagro presentara, con fecha 14 de octubre, al gobierno. Aunque desconocemos el contenido, el hecho de que haya sido presentado es una clara señal de que el clamor de los nicaragüenses por un proceso electoral limpio, competitivo y abierto, tal como lo mandata la Carta Democrática Interamericana, es escuchado.
La oposición, unida en la Coalición Nacional por la Democracia, mantiene desde hace meses un constante proceso de denuncia e intercambio de información y de reuniones con la OEA y su secretario general. Aunque desconfiamos de las intenciones de Daniel Ortega al aceptar hablar con Almagro, a quien hasta hace poco descalificaba, sí confiamos en la capacidad del secretario y su compromiso con la democracia. Almagro no dejará que la OEA sea instrumentalizada para legitimar una farsa electoral.
No hay que ser analista político para adivinar que la evaluación de la OEA sobre el proceso electoral nicaragüense es negativa y, muy importante, que dicha evaluación se hiciera antes de las elecciones y no después, como suele hacerlo. También es fundamental que el diálogo empiece antes de la farsa electoral del 6 de noviembre y siga después, clara señal de que para la OEA estas elecciones no cumplen con los estándares de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los países del continente y, por lo tanto, sus resultados no son legítimos.
En efecto, según el comunicado conjunto, la mesa de conversación o intercambio constructivo inició sus reuniones en Managua el pasado 20 de octubre y, posteriormente, dos veces al mes en Managua o en Washington, según se acuerde. El hecho de que Almagro viaje a a Nicaragua, según contempla el acuerdo el 1 de diciembre, o sea, después de conocerse los resultados de la farsa, no quiere decir que hasta entonces se iniciará la primera ronda de conversaciones. Se contempla en el acuerdo, que en tres meses ambas partes presentarán un informe conjunto (enero) y de no haber acuerdo cada una presentará su propio informe.
Ciudadanos por la Libertad y otras organizaciones opositoras han insistido en que el tema central de las conversaciones debe ser la realización de nuevas y verdaderas elecciones en el más breve plazo posible. El comunicado conjunto habla de que durante su visita a Nicaragua, el 1 de diciembre, Almagro “se entrevistará con las autoridades nacionales y los partidos políticos”. Cuando la OEA habla de partidos políticos no se refiere solo al partido hegemónico y sus satélites colaboracionistas, sino a los partidos opositores que fueron ilegalizados y excluidos de participar en las elecciones mediante medidas arbitrarias.
Nos referimos al movimiento Ciudadanos por la Libertad, al que el gobierno de Ortega despojó de la representación legal del Partido Liberal Independiente; al Partido Nueva Alianza Cristiana, al que no se le ha permitido la personería jurídica; al Partido Acción Ciudadana, al que se le dejó en suspenso su representación legal en estas elecciones; al Movimiento Renovador Sandinista y a la Unión Demócrata Cristiana, a los que con anterioridad se les había quitado la personería jurídica. Estos son los verdaderos partidos de oposición.
Debemos tener fe y esperanza en que las acciones de la OEA sean eficaces para restituir la democracia en Nicaragua, que pasa previamente por restituir la confianza en el sistema electoral y elecciones libres. La vía cívica es la única manera para garantizar la paz, la libertad y la estabilidad. No queremos ni debemos volver a la guerra, ni que se apliquen sanciones económicas, con la aprobación del Nica Act, que tendría un impacto negativo en la economía y en los sectores sociales. La forma de evitarlo es restituyendo los cauces democráticos y, sin duda, la OEA presenta la oportunidad de hacerlo. Veremos si, por el bien de Nicaragua, Ortega sabe aprovecharla.