¿Los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles exportados por España han sido o están siendo utilizadas por las fuerzas armadas saudíes y del resto de países de la coalición encabezada por Arabia Saudí en ataques aéreos?
En 2014 el Gobierno español autorizó exportaciones de material de defensa a Arabia Saudí por valor de más de 68 millones de euros ($76 millones), incluidas municiones para armas pequeñas y de caza, aviones y equipos electrónicos. Las exportaciones realizadas superaron los 292 millones de euros ($327 millones), incluidos más de 30 millones de euros ($33.6 millones) de municiones para armas pequeñas y ligeras y carros de combate, 5 millones de euros ($5.6 millones) en bombas, torpedos, cohetes y misiles, 256 millones de euros ($287 millones) en aeronaves, equipos electrónicos de formación de imagen o contramedidas y para el entrenamiento o simulación militar, que incluyen cámaras y equipo fotográfico, susceptible de ser utilizado en bombardeos en Yemen, sobre algunos de los cuales hay indicios importantes de que pueden haber sido presuntos crímenes de guerra, como explicamos antes.
La cuestión clave en estos momentos es saber si los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles exportados por España tanto en 2014 como en años anteriores han sido o están siendo utilizados por las fuerzas armadas saudíes y del resto de países de la coalición encabezada por Arabia Saudí en los ataques aéreos a Yemen, algunos de los cuales parecen haber sido ataques indiscriminados, una violación grave del derecho internacional humanitario. Sin embargo, la información facilitada por el Gobierno español no permite conocer este extremo y hacer que rinda cuentas de sus decisiones, pese a que al firmar el TCA se comprometió a aplicar la regla de oro del tratado hasta su entrada en vigor en 2014. Así, sus exportaciones de 2014 se rigen por esta norma.
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que investigue si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos u otros ataques y que suspenda las transferencias de armas a estos países que puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La suspensión debe mantenerse hasta que se elimine el riesgo de que ese material se use para violaciones graves del derecho internacional, los abusos del pasado se hayan investigado de forma pormenorizada e imparcial, se indemnice a las víctimas y sus familias, y los responsables sean procesados en juicios justos. Esa obligación de no autorizar armas para cometer atrocidades es común para todos los Estados partes del TCA, pero queda mucho para que sea universal.