Nos acusaban de exagerados cuando decíamos que el plan de Santos y de La Calle era entregarle el país a las FARC. Pues todo está consumado, amigos queridos. Lo primero que quiere tener alguien, cuando domina un país, es el poder de dictarle leyes. Valga decir, el de señalar la conducta de los servidores públicos y de los asociados. Pues ya lo tienen.
Hace rato funciona la llamada Comisión de Seguimiento, pactada en el acuerdo final que nos impusieron contra la voluntad del pueblo soberano. Pues recuerde, ciudadano amigo, o enemigo, que esa Comisión de Seguimiento es la que aprueba o rechaza cualquier proyecto de ley que vaya a presentarse ante el Congreso, e incluso cualquier proyecto de decreto legislativo que se proponga dictar el presidente en uso de los poderes dictatoriales que ya asumió. Ese examen de las leyes y los decretos será previo. Cuando la dicha Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (Csivi) haya hecho el examen de rigor, el gobierno puede llevar el texto al Congreso, que se limitará a decir sí o no, sin facultad para modificar una coma de lo dispuesto. Y para ese efecto funcionará el llamado fast track, que abrevia los términos de producción de leyes, de modo que en un par de semanas ya estarán vigentes.
Esa comisión, lo decimos para los olvidadizos, quedó integrada por tres representantes del gobierno, uno de los cuales es Sergio Jaramillo, otro miembro de la guerrilla, y tres de las FARC. Pero en caso de cualquier desacuerdo, contaremos con la ayuda y consejo de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. ¡Lo que son las paradojas! Nicolás Maduro no puede legislar en Venezuela, pero legisla en Colombia. Gracias, doctor Santos.
Las FARC ya disponen del poder judicial, pues la famosa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está lista. Solo falta el nombramiento de los magistrados, 10 de ellos extranjeros, para colmo de escarnio, que se sabe vendrán presididos por el juez García Sayán, ultramamerto peruano con conocidas cercanías a Sendero Luminoso. Por Colombia está listo el famoso doctor Velásquez y la famosa exfiscal Buitrago para ponerse al mando del escuadrón de quienes mandarán al cadalso o procederán al “desmantelamiento de las organizaciones criminales, entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el numeral 74 del acuerdo de creación de la JEP”. Si tienen tiempo revisen las páginas 199 a 201 del acuerdo final.
Los futuros condenados, en cuya lista bien podrá ir usted, querido lector, los seleccionará una fiscalía propia de ellos, que también está pactada en el acuerdo. No se les escapa nadie. Empezando, claro, por el presidente Uribe, los colaboradores “directos o indirectos” de los paramilitares, los oficiales de las fuerzas militares, periodistas, empresarios, académicos que hayan colaborado con ese paramilitarismo, que ellos definen, o que se opongan a la paz. Ya sabemos los opositores a esta entrega lo que nos espera.
Pero si tienen el poder legislativo y el judicial, también les entregaron el electoral, todo entero. Celebramos que aunque sea tan tardíamente, el presidente del Consejo de Estado salió a quejarse del despojo a las facultades ya viejas en materia electoral de la augusta corporación que él preside. Como salió a la palestra, cuando ya para qué, el procurador general, dolido porque en todo el procedimiento de estos mecanismos del nuevo terror, el Comité de Salud Pública al servicio de otro “incorruptible” Robespierre, quedó meticulosamente excluido. Y como dejó oír su voz la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, al notar que esa Corte, para qué. Las FARC son dueñas de la de verdad.
Pues no paran las cosas. Porque si la prensa es un nuevo poder, también se la dieron Santos y de La Calle a las FARC, envuelta con moño rojo. Los poderes de réplica a lo que se escriba o se diga liquidaron cualquier tipo de libertad de expresión. Y como si les faltara, recibieron encima 20 emisoras de FM, que no hay partido político que sueñe con tener.
En materia de tierra, tres millones de hectáreas que se arrebatarán a sus propietarios para los amigos y colaboradores no es mal comienzo; en materia de salud, se las garantizaron plena y completa sin el despreciable requisito de las cotizaciones; la educación comprende hasta la del Servicio Nacional de Aprendizaje, por ahora; asimismo, son beneficiarios de casas y albergues gratuitos y ya les anunció Santos 3 mil 500 millones de dólares, del último ahorro de las regalías, en “vías terciarias”.