Dentro de los muchos frentes que abre cualquier progreso técnico que aparezca, el de la maternidad subrogada ocupa un lugar de privilegio en la generación de problemas de todo tipo, desde los que son de carácter ético hasta los que afectan a la salud. Con la particularidad de que los colectivos, que se han abierto paso como nuevas referencias en un mundo hasta ahora dominado por las posturas patriarcales y homófobas, chocan de frente en ese asunto.
Los colectivos gais y los lobbies feministas mantienen criterios enfrentados e irreconciliables entre sí, ante la gestación que se contrata.
Tal y como sucede siempre en cualquier problema complejo, las cuestiones no resultan ser de blanco frente a negro; una gama extensa de grises obliga a considerar numerosos matices antes de poder manifestarse. Son muchos y un tanto controvertidos los aspectos a considerar. El derecho de las parejas que quieren tener hijos, pero no pueden lograrlos por el sistema común de gestación en la naturaleza, es el que conduce a los vientres en alquiler, con empresas creadas a menudo por los propios protagonistas de ese deseo insatisfecho; empresas que acuden a países con una legislación permisiva para poder contratar el embarazo. En el otro extremo están las mujeres que se prestan a recibir la inseminación artificial y ceden luego a su hijo.
Entre los derechos de unos y de otras, parece claro que el de la mujer preñada por contrato es el que debe prevalecer. En especial, porque es necesario entender cómo y por qué da su consentimiento. En un mundo ideal, el deseo de ayudar a personas que no pueden gestar entre ellas un hijo sería el que lleva a la maternidad subrogada.
En este mundo en el que vivimos, los peligros abundan y se extienden desde las mafias que fuerzan a las mujeres, secuestrándolas si es necesario, a las situaciones de pobreza extrema que obligan incluso a correr un riesgo en la salud para poder recibir unas cuantas monedas.
Resultan imprescindibles, pues, luz y taquígrafos para legislar en este terreno. Que se produzca el debate público sin limitación alguna. Que se protejan los derechos de quienes más peligro sufren. Que se considere la necesidad absoluta de controles médicos extremos. Y que se combatan tanto los prejuicios como las hipocresías, permitiendo distinguir con claridad los actos altruistas de la búsqueda de un negocio. Casi por definición, vivimos en una sociedad liberalizada en la que un acuerdo voluntario entre dos personas adultas debería ser aceptable siempre. Pero las libertades y las voluntades no tienen que contar con ninguna traba en un proceso así y eso, por desgracia, sucede muy pocas veces.
Sí, hay que legislar, como se plantea hacerlo hoy en España, porque siempre es mejor contar con una ley que regule los problemas, en vez de ignorarlos. Pero lo suyo es que se haga entrando a fondo en cada uno de los inconvenientes que pueden surgir a lo largo del proceso. Y poner en marcha los medios de control necesarios para evitar que, una vez más, sean los más débiles quienes se conviertan en las víctimas del atropello.