Los tiempos difíciles para Grecia no han terminado. Un regreso al mercado de bonos la semana pasada, la promesa de 8 mil 500 millones de euros (US$9 mil 500 millones) en nuevos préstamos de acreedores de la zona del euro, la posibilidad de más dinero del Fondo Monetario Internacional y una mejora de la perspectiva de S&P Global Ratings han contribuido a impulsar la confianza de los inversores en que Grecia ya ha pasado la página.
El problema es que mucho depende de que el país instrumente reformas.
Decenas de las 140 medidas acordadas se encuentran en diversas etapas de aplicación y hacen falta más de 100 medidas adicionales para acceder a los restantes 26 mil 900 millones de euros antes de que finalice el actual programa de rescate en agosto de 2018.
Si bien en toda Grecia se ven pruebas del ajuste –desde caída de los ingresos hasta una creciente pobreza-, el país tiene menos que mostrar en lo relativo a reformas estructurales.
Las exigencias de los acreedores de que se tomen más medidas amenazan con hacerse explosivas en términos políticos en tanto los ciudadanos y las empresas de Grecia cuentan el coste de la crisis financiera que ha convertido su vida en un torbellino en los últimos siete años.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Matina Michou. La mujer de 59 años, que trabaja como empleada bancaria en Atenas desde hace 40 años, dice que podría pasar bastante tiempo antes de que cobre su pensión. “No sé a cuánto dinero va a ascender mi pensión”, dijo. “Solo cuento con una decisión administrativa que me otorga una pensión temporaria de 700 euros ($793), que hasta ahora no he recibido ni sé cuándo recibiré”.
En el transcurso de años, los acreedores han impuesto reformas que han afectado la vida cotidiana de los griegos, desde exigir recibos por exenciones de impuestos y recetas electrónicas a los pacientes para evitar abusos hasta recortes del 50% de las pensiones.
Si bien el grado de instrumentación de reformas por parte de Grecia no le ha valido felicitaciones, ahora se encuentra ante medidas estructurales aún más difíciles, que apuntan a un cambio profundo de hábitos muy arraigados.
El verdadero problema es el de reformas como recomponer el sistema impositivo y el judicial, que exigen una “prolongada instrumentación”, dijo Gerassimos Moschonas, un profesor asociado de políticas comparadas de la Universidad Panteion de Atenas.
Las medidas de ajuste han tenido un efecto drástico sobre la vida, lo cual dificulta la instrumentación de más reformas prolongadas, agregó. “El ingreso de un hogar promedio ha caído por lo menos 40% durante la crisis, el riesgo de pobreza aumentó 35.6%, los recortes de las pensiones son enormes y hay una excesiva presión tributaria”, dijo.
Desde que Grecia se convirtió en el epicentro de la crisis de deuda europea en 2010, el país ha aceptado medidas de austeridad para reestructurar su economía, que se ha contraído más de un cuarto en el período.
A cambio, los acreedores de la zona del euro y el FMI le han proporcionado más de 260 mil millones de euros en fondos de rescate para mantener Grecia a flote.