El Reino Unido fue el ejemplo y admiración del mundo entero, por lo muy arriba que había llevado los aspectos más esenciales que existen en el Estado benefactor: la sanidad y la educación. Ir al médico o a la escuela en cualquier ciudad británica era la garantía de recibir la mejor atención y la más exquisita enseñanza. Luego vino Margaret Thatcher, con su receta neoliberal bajo el brazo, y se cargó tanto los hospitales, como las universidades de Gran Bretaña. A partir de ese momento los británicos comenzaron un declive que, respecto del mundo que mejor conozco, el universitario, supuso la huida a Estados Unidos de sus mejores talentos.
Pero lo peor estaba por venir. El brexit ha supuesto el último clavo –por ahora– en el ataúd de los logros británicos y, dentro de sus consecuencias inmediatas, aparece la noticia de que, en adelante los colegios del Reino Unido exigirán que los padres declaren cuál es la nacionalidad de los niños. Siempre que sucede algo así puede justificarse como una simple encuesta encaminada a conocer mejor la población escolar, pero semejante interpretación no convence. El paso siguiente consiste en introducir medidas discriminatorias contra quienes llegan de fuera y las familias sometidas a la amenaza así lo entienden.
¿Estamos siguiendo, en España, los pasos del Reino Unido? Hubo un episodio parecido de acoso al inmigrante en la sanidad española que, por suerte, fracasó; en gran medida porque los hospitales y los médicos se negaron a ejercer la discriminación. Pero el problema sigue en pie en las escuelas españolas que, al contrario de lo que sucede con la atención sanitaria, se encuentran en los niveles más bajos de calidad de toda la Unión Europea. Con la particularidad de que está por resolver una cuestión que afecta, en especial, a los inmigrantes llegados a España: la lengua en la que se les escolariza.
De la cuestión técnica sobre el grado de libertad que deben tener los padres para decidir en qué idioma estudiarán sus hijos –resuelta en los colegios privados de élite introduciendo las competencias en inglés– se ha pasado al uso político de la escolarización, con varias generaciones ya de estudiantes afectados. Que se trata de un elemento de manipulación partidista queda fuera de toda duda, con el añadido de que se opte por el sistema de inmersión que sea; los resultados llevan a que, año tras año, el informe Pisa nos machaque a los españoles indicando que formamos muy mal a nuestros estudiantes.
Ahora la amenaza de nuestro propio brexit –interno, a mayor abundamiento– está en marcha. Y no sabemos cómo resolver el problema de la cabida en España, o no, de Cataluña y Euskadi. La decisión que se tome tendrá consecuencias enormes, con la duda lacerante de hasta qué punto tantas incertidumbres y tan pocas respuestas no terminarán por cargarse, además de nuestras escuelas, nuestra sanidad.