Por el nombre, Tareck El Aissami, y por sus “obras y promesas”, se podría pensar que es un hombre de Al Qaeda o del Estado Islámico. Pero no, es de gobierno y no trabaja en la clandestinidad ni por sorpresa (aunque siempre puede sorprendernos). En todo caso habría que hablar de una Dina o una super Gestapo. En realidad se trata del flamante vicepresidente de Venezuela, designado por Nicolás Maduro, quien está al frente del “comando antigolpe” (hay que agregarlo a la nomenclatura), y quien ya ha puesto en prisión a seis opositores, entre ellos un diputado, y amenaza con más y otros tipos de atropellos. Así, a cara descubierta. Sin la participación de un juez, aunque sea para disimular. (Igual, nadie se lo creería, pues poca garantía puede ser un subalterno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que, a su vez, en los hechos es subalterno de Maduro).
Para Amnistía Internacional se trata de “una cacería de brujas”. ¿Quién lo iba a pensar hace unos meses cuando, revocatorio mediante, la salida de Maduro era segura?
Pero se produjo el milagro: Maduro, agonizante, casi boqueando, le pidió ayuda al sumo pontífice, quien parecía no haberse enterado hasta ese momento de lo que pasaba en Venezuela. Y el papa le dio una mano. Como se la había dado a Cristina Kirchner, a Correa, a Evo Morales y a los Castro. ¿O no?
El papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, santificó el diálogo –imprescindible para ganar tiempo para Maduro– y le dio crédito a los devaluados expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, a la orden de la política “dialoguista” de Maduro, y a Ernesto Samper, secretario de una inexplicable, pero no menos responsable Unasur y, a la vez, “embretó” (metió en líos) a la oposición y dio un argumento a muchas organizaciones y grandes países para que se lavaran las manos o siguieran con la cara dada vuelta.
En pocos meses de diálogo con sello papal, Maduro logró anular el referéndum revocatorio (todo en forma ilegal), aumentar el número de presos políticos, impedir el ingreso al parlamento de varios diputados indígenas electos, y anular las decisiones de la Asamblea Nacional declarada en “desacato”, todo ello con la complicidad y abuso de un vergonzoso Tribunal Supremo de Justicia, dependiente y al servicio de Maduro.
La Asamblea Nacional, única institución legítimamente democrática, acusó de abandono del cargo a Maduro, pero aunque legal lo suyo, de poco le vale porque el gobierno dice que todo lo que haga o resuelva el parlamento es nulo. Y las fuerzas armadas y la policía son parte del régimen y responden a Maduro.
El mandatario brindó su informe anual ante el TSJ y no como lo debe hacer ante la Asamblea Nacional (Art. 237 de la Constitución) y someterse a las preguntas y críticas de esta. No lo hizo: el TSJ tiene, además, la ventaja de que no hace preguntas.
Y Maduro –diálogo papal mediante– se ríe de todos y le pide plata a China (5 mil millones de dólares), sin dar cuenta a nadie como está obligado y dice que la Asamblea Nacional es la institución “más desprestigiada y repudiada” de Venezuela. También dice, aunque suene a burla y tontería, que la Asamblea Nacional comete abuso de poder.
Y, por si fuera poco, el mandamás venezolano exige que se continúe con el “diálogo pacificador” y bendecido, y ahora con el apoyo extra del comando de El Aissami. La oposición se cansó y se niega al diálogo. No está dispuesta a seguirles el juego ni a convalidar lo que está pasando. Saben, además, que el diálogo no sirve de nada. (Seguir con este diálogo auspiciado por el Vaticano y la Unasur, vista sus consecuencias hasta el momento, da para pensar que el próximo paso será la disolución de la Asamblea Nacional y la prisión de todos los parlamentarios opositores).
Ante la negativa de la oposición, Maduro los denuncia y desenmascara: “Ellos se burlan del papa, y se burlan de los expresidentes, y se burlan de la Unasur y se burlan de lo que a ellos se les ocurra…“Que cada uno, a su criterio, determine a quiénes es que denuncia y a quiénes desenmascara.