Los legisladores de España acordaron ayer someter al presidente del gobierno Mariano Rajoy a una moción de censura esta semana, luego de las condenas por corrupción a empresarios y funcionarios vinculados con el Partido Popular al que pertenece el mandatario.
La cámara baja del Parlamento, el Congreso de los Diputados, indicó que sostendría un debate este jueves sobre si Rajoy debía ser reemplazado por el líder socialista Pedro Sánchez y que el viernes votarán sobre la moción de censura de la oposición. Todos los partidos importantes, con excepción del gobernante Partido Popular, pidieron la renuncia de Rajoy, sin embargo, hasta ahora el mandatario ha evitado la presión.
Rajoy ha descrito como “oportunista” la campaña de la oposición y ha dicho que la inestabilidad va en contra del interés general de la población española. Sánchez aún debe conseguir el apoyo suficiente para vencer a Rajoy con la absoluta mayoría de los 350 del pleno de la fragmentada cámara.
Los socialistas del PSOE tienen el respaldo del partido de extrema izquierda, Podemos, pero necesitarían los votos de los legisladores que están con el partido a favor de las empresas, Ciudadanos, o de los partidos nacionalistas y separatistas, para que su dirigente pueda reemplazar a Rajoy.
Ciudadanos, un partido creciente de derecha presidido por Albert Rivera, un joven legislador de Cataluña, rechazó apoyar a Sánchez y en su lugar busca convocar a unas elecciones generales.
Encuestas recientes mostraron que el partido de Rivera tiene una gran posibilidad de quedar en el primer puesto de unos comicios, posicionándolo para convertirse en presidente, sin tener que ganar con una mayoría para formar un gobierno. Rivera aumentó la presión sobre Rajoy para que dimitiera, incluso cuando Ciudadanos se rehúsa a apoyar al candidato socialista.
“Hay un gobierno en minoría, solo y enrocado, con un presidente que no reacciona”, indicó Rivera ante los medios de comunicación.
La semana pasada, la Audiencia Nacional condenó a 29 personas, incluidos simpatizantes del Partido Popular y funcionarios electos, bajo cargos de fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero, entre otros crímenes. La corte también multó al PP con 245 mil euros (287 mil dólares) por haberse beneficiado entre 1999 y 2005 de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, que dio a los funcionarios del partido sobornos por parte de dueños de empresas a cambio de contratos para infraestructura pública.
El juez también halló evidencia de que un fondo ilícito ayudó a financiar al partido y cuestionó la sinceridad del testimonio de Rajoy, en el que negó tener conocimiento del sistema. Ni el PP, que apeló el veredicto, ni Rajoy están acusados en el caso, pero el presidente del gobierno tuvo que declarar como testigo.