San Salvador. -La criminalidad abate a El Salvador duramente y sus tendencias son ascendentes, pese a las políticas aplicadas desde el Estado, sobre todo de parte del gobierno, casi todas encaminadas a la represión, como los fracasados y cuestionables planes "Mano Dura" y "Súper Mano Dura".
No obstante, la sociedad salvadoreña ha comenzado a cuestionar la situación imperante, que se puede sintetizar de la siguiente manera: cerca de 12 homicidios y 500 asaltos y robos diarios, mientras los transportistas públicos, empresarios, escuelas e incluso los familiares de los soldados que se encuentran en Irak son blanco de extorsiones.
La tasa de homicidios era de 41 por cada 100.000 habitantes en 2004 (cuando comenzó el Plan Mano Dura). Entonces, El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, tenía la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica.
En la actualidad, con 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador tiene la tasa más alta de Latinoamérica y una de las más altas del mundo.
Ya el analista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Andrew Morrison había advertido en 2002 que en el continente americano - incluyendo a Estados Unidos y Canadá- la criminalidad era un problema creciente. Según sus cifras, había una tasa promedio de homicidios de 19 por cada 100.000 habitantes.
La región más violenta en 2002 era Africa, con una tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes; mientras que en Europa y Asia del Sur, las tasas eran de ocho y siete homicidios por cada 100 mil habitantes.
En la actualidad, diversos sectores han urgido al gobierno, y en general al Estado salvadoreño, a ponerle freno a la violencia, cuya magnitud no tiene precedentes en la historia local, con excepción de los 12 años de guerra civil (1980-1992).
Después de tantas protestas de empresarios, transportistas y escuelas, registradas a diario por los medios de prensa, el mandatario Antonio Saca se reunió el 6 de octubre con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Parlamento, Agustín García y Rubén Orellana, respectivamente.
Saca llamó a la "unidad nacional" contra la criminalidad, pero no se estableció un plan de acción y de coordinación. Tal parece que la reunión, calificada de positiva por la empresa privada, era para distender el ambiente entre los poderes del Estado luego de críticas al Poder Judicial por parte del gobierno.
El gobierno critica a los jueces porque dejan en libertad a los capturados por falta de pruebas. Los jueces alegan que los fiscales y la policía no llevan a los capturados ante la Justicia con pruebas contundentes que hagan merecer las sentencias condenatorias.
Por otra parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó el 7 de octubre que sus alcaldes aplicarán ordenanzas municipales y leyes contravencionales para ayudar a combatir la criminalidad.
Entra las iniciativas figuran la prohibición de la portación de armas en los espacios públicos municipales, así como el establecimiento de límites en la venta de bebidas alcohólicas durante los fines de semana.
Se estima que en El Salvador existen 450 mil armas de fuego en manos de civiles, pero el gobierno se ha negado a "despistolizar" a la sociedad, pese a que el 80 por ciento de los crímenes ocurren con armas de fuego.
Ni la propuesta del gobierno ni la del FMLN han sido rechazadas, sino que han tenido acogida social, pese a los niveles de polarización política existentes en El Salvador.
