A los fallidos intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, le han seguido muchos otros, pero bajo una peculiaridad propia del chavismo y del madurismo: son golpes dados desde el propio poder, con la finalidad de liquidar la Constitución aprobada por el pueblo en 1999, aumentar sus controles sobre las instituciones y la sociedad, requisitos necesarios para prolongarse en el poder de forma ilimitada. Me referiré a continuación a los tres más recientes.
El primero de ellos fue cometido a finales de 2016, cuando en una operación del Ejecutivo y los despachos bajo su control, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral impidieron la realización del referéndum revocatorio, cuyo resultado era previsible para el mundo entero: Maduro sería derrotado y tendría que salir del poder. La privación del más relevante derecho de toda democracia constituyó en lo técnico, en lo político y en lo legal, un golpe de Estado, es decir, un golpe a la Constitución de 1999, al que contribuyeron los que entonces promovieron un falso diálogo.
Le siguió el correspondiente al 29 de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una decisión que provocó el rechazo unánime y categórico de las instituciones dentro y fuera de Venezuela, se hizo de las funciones correspondientes a la Asamblea Nacional, con la excusa torpe e irrelevante de que esa institución había incurrido en desacato. La acción del TSJ, además de liquidar a un poder autónomo, legítimo y vigente, el de la Asamblea Nacional, ejecutó un nuevo golpe a la Constitución de 1999, puesto que vulneró uno de sus principios fundamentales, el de la separación de los poderes. Luisa Ortega Díaz, entonces al frente de uno de los poderes públicos, la Fiscalía General de la República, lo denunció con palabras inequívocas: la decisión del TSJ representaba “una ruptura del orden constitucional”.
Pero esto no terminó ahí: ese golpe de Estado incluyó un capítulo más. Me refiero al inicio de la persecución de Maduro a Luisa Ortega Díaz, a miembros de su equipo, y a la destrucción de la Fiscalía General de la República que existía hasta ese momento, sobre la que se ha improvisado una al mando de un cómplice del régimen, quien, por cierto, acaba de justificar, nada menos que la ejecución sumaria de Óscar Pérez y de otras personas. Quiero decir con esto que el golpe de Estado del 29 de marzo de 2017 fue en contra de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía General de la República y, lo repito, a la Constitución de 1999.