Bruselas diseñó la estrategia de agilizar expulsiones por motivos diferentes a la lucha antiterrorista. El gran número de refugiados que llamaba a las puertas de la Unión Europea (UE) el año pasado (más de un millón de personas) convenció a los países de que había que acoger a quienes huían de la persecución y deportar, cuanto antes, a los llamados migrantes económicos, sin derecho al asilo. Pero el posible nexo –aún por demostrar– entre un migrante que recibió orden de expulsión y el atentado al mercado navideño en Alemania añade presión política para acelerar esos retornos.
Los datos revelan que se trata de un gran desafío. “Es muy difícil. Porque los países a los que deben retornar los migrantes o bien no cooperan o bien no encuentran la documentación de estos migrantes a los que hay que devolver”, explicaba en una reciente conversación con El País el director de Frontex, Fabrice Leggeri. Desde este mismo año, la agencia europea de fronteras tiene un nuevo mandato para propiciar estas operaciones de expulsión. El año pasado se produjeron 193 mil 565 en toda la UE, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria. La brecha entre esta cifra y las más de 530 mil personas que recibieron una orden de deportación se explica por la existencia de “retornos voluntarios sin que lo sepan las autoridades, por desapariciones de personas o por casos no registrados”, argumenta Eurostat.
Es decir, muchos huyen y se les pierde el rastro. Y a lo mejor una parte acaba regresando sin que les conste a las autoridades o sin que lo notifiquen. El 12.6% de quienes recibieron orden de expulsión en 2015 residía en Alemania. El mayor número se localizó en Grecia (casi uno de cada cuatro) y en Francia (un 19%). Pese al acopio de números, otras fuentes comunitarias admiten que los datos de retornos son poco precisos –y nada transparentes– porque ni la UE ni los países terceros que readmiten a esos expulsados tienen interés en divulgarlos.
Las autoridades de un país como Nigeria, con el que Bruselas trata estos días de cerrar un acuerdo de readmisión de sus ciudadanos, recelan de ver negro sobre blanco un panorama de readmisión que en el fondo perjudica a su propio país. Porque las cifras de remesas que los migrantes envían a sus territorios de origen superan con creces la ayuda al desarrollo que les pueda facilitar Europa. Así que no tienen alicientes para aceptar la devolución de sus ciudadanos.
Consciente de esos recelos, Europa evita publicitar las cifras para no cegar la negociación con esos países terceros. Y ahora forja acuerdos con varios países africanos que premian la cooperación. En ese contexto, no es de extrañar que la lista de expulsiones efectivas no coincida con la de ciudadanos que recibieron una orden de abandonar la UE. Por número de decisiones de expulsión, el año pasado encabezaron la lista los sirios –pese a la guerra–, los albaneses, los afganos, los marroquíes y los iraquíes. Pero finalmente la mayoría de retornados fueron albaneses, seguidos de kosovares, ucranios y serbios.