El expresidente colombiano Álvaro Uribe mantiene una popularidad tan alta en su país que en una encuesta de fines de mayo “el candidato que elija Uribe” encabezaba las respuestas a la pregunta de “quién quisiera que fuera el próximo jefe de Estado en Colombia”. Ante las elecciones presidenciales del próximo año, el exmandatario ha redoblado su ofensiva diplomática contra el gobierno de Juan Manuel Santos con dos polémicas intervenciones internacionales este mes, la primera hace dos semanas en Atenas y la más reciente este miércoles, en Madrid. “Colombia merece un mejor gobierno”, aseguró en la capital española el también senador, en el comienzo de su discurso crítico contra la Administración de Santos.
Presentado por el diputado español Pablo Casado (Partido Popular) como “uno de los mayores estadistas de las últimas décadas”, Uribe esbozó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum varios puntos de los que será el programa electoral de su partido en 2018. “Me preguntan: ‘Si ustedes ganan el año entrante, ¿eliminarán los acuerdos [de paz con las FARC]?’. No, pero sí los modificaremos”, afirmó el expresidente, quien ha intentado rebajar la tensión causada por uno de sus alfiles en la convención en mayo de su partido, el Centro Democrático, al decir que el primer desafío de su formación “será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC”. Uribe, que no puede optar por un nuevo mandato, ya capitalizó el descontento frente al pacto con la derrota en octubre del texto sometido por el Gobierno a un plebiscito. El tema amenaza con convertirse en el asunto fundamental de la campaña de 2018 en un país aún muy polarizado.
Un grave riesgo subyace, según el discurso de Uribe (presidente de 2002 a 2010), a la supuesta deriva del gobierno de Santos: que Colombia se convierta en “una segunda Venezuela”, lo que en otras ocasiones ha descrito como el posible triunfo del “castrochavismo” en el país. El senador considera que los términos del pacto de paz suscrito finalmente el pasado noviembre en Bogotá permite que esto suceda y que antes incluso de haberse implementado ya enseña varias secuelas. “El mal ejemplo cunde”, afirmó Uribe sobre el efecto que a su juicio ha tenido el acuerdo con la guerrilla, un aparente aumento de los crímenes por parte de otras organizaciones armadas incentivadas por la indulgencia del Ejecutivo con las FARC. Según lo pactado, un tribunal especial condenará a los exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad a penas de entre cinco y ocho años de “libertad restringida”, sin cárcel, siempre que confiesen toda la verdad. Los que no lo hagan irán a la prisión por entre 15 y 20 años. El resto de excombatientes recibirán un indulto.